El fiscal del TSXG afirma que el empresario debe responsabilizarse de que los trabajadores adoptan medidas de seguridad

PONTEVEDRA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Carlos Varela, aseguró hoy que vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral por parte de los trabajadores es una responsabilidad de los empresarios.

En su intervención en el Foro de Prevención de Riesgos Laborales que se celebra en Pontevedra, Varela declaró que un trabajador "debe ser protegido incluso de su propia imprudencia", de manera que, si el empresario "observa que alguno no está actuando en condiciones de seguridad, debe requerirlo y sancionarlo si hace falta, para que actúe con los materiles y medios disponibles".

Según él, la prevención constituye el "punto flaco" a la hora de combatir la siniestralidad laboral y explicó que esto se debe, básicamente, a que "la mayoría de las veces no se conocen las situaciones en las que se producen omisiones en materia de seguridad laboral y, en consecuencia, no se puede actuar contra ellas".

En este sentido, destacó la importancia del protocolo que firmarán el próximo mes el Ministerio Fiscal y la Consellería de Traballo con el objetivo de establecer las pautas de un trabajo coordinado y que tratará de reducir la siniestralidad laboral a partir de la prevención.

FISCALÍA ESPECIALIZADA

Además, Varela recordó que él mismo coordina una Fiscalía especializada en siniestralidad laboral y avanzó que este organismo estudia la constitución de delito en los casos en los que se constate que un empresario infringe las medidas de seguridad en el trabajo.

"Ésa es la base de la prevención y la Fiscalía actuará siempre que tenga conocimiento de una omisión de las medidas de seguridad, aún cuando no se ha producido un accidente pero existe una situación de riesgo grave para el trabajador", explicó.

Además, explicó que esta situación, que se debe dilucidar por la via penal y que "representa entre el 20 y el 30 por ciento de toda la siniestralidad laboral de Galicia", se perseguirá mediante una actuación de la Fiscalía, que puede ser de oficio, pero que también puede responder a una denuncia concreta y puntual de los agentes sociales y de la policía. Las penas para los comportamientos de omisión de las medidad de seguridad oscilan entre los seis meses y tres años de prisión.