Galicia recibirá 17,8 millones de euros para proyectos de atención a las personas dependientes

La comunidad percibirá otros 18 millones de euros para realizar diversos programas y planes sociales

SANTIAGO DE COMPOSTELA // MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Galicia será la quinta comunidad autónoma más beneficiada por el reparto de los 200 millones de euros que el Gobierno central aprobó hoy en el Consejo de Ministros para financiar la Ley de Dependencia, ya que percibirá 17,89 millones de euros para afrontar proyectos de atención a personas dependientes.

La distribución de los fondos favorece en primer lugar a Andalucía, que percibirá 34,4 millones de euros, a la que le sigue Cataluña, con 31,9 millones; Madrid, con 22,9 millones; y Valencia, con 20,6 millones.

Además de la distribución de los créditos destinados a la atención a las personas dependientes, el Gobierno también acordó destinar otros 221 millones de euros a las comunidades para realizar diversos programas y planes sociales, apartado en el cual Galicia percibirá 18,19 millones de euros para impulsar, entre otras, acciones destinadas a la infancia maltratada, personas mayores, menores infractores o voluntariado.

Entre estos programas, se encuentra el Plan Concertado de Servicios Sociales, a través del cual el Gobierno y las comunidades cofinancian proyectos para proporcionar servicios sociales que permitan la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía. Además, también se busca dar apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para desarrollar sus competencias y ampliar la red básica de servicios sociales municipales.

LEY DE DEPENDENCIA

El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y lo remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El Gobierno está convencido de que con esta ley comenzamos a cimentar el futuro del cuarto pilar del Estado del Bienestar", dijo.

A su juicio, la futura Ley de la Dependencia viene a sumarse a otros derechos de gran calado social, como en su día lo fueron el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria gratuita y universal y el derecho a las pensiones. "Añadimos el cuarto derecho social de nuestro tiempo, el del reconocimiento a la atención a las personas dependientes, bien sea por su avanzada edad o por algún tipo de minusvalía", declaró.

En España 1.100.000 personas, según comentó, no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad, no pueden vestirse, asearse, alimentarse, no pueden moverse con independencia o tienen dificultades en su capacidad y no pueden orientarse o cumplir con tareas sencillas. "No pueden, en pocas palabras, vivir solas, porque les resulta imposible y muy difícil hacer las actividades básicas de su vida diaria. Este número de personas dependientes llegará previsiblemente en los próximos 15 años al millón y medio", agregó.

La ayuda económica media que recibirán los usuarios del sistema que se acojan a esta prestación en lugar de los servicios del SND rondará los 400 euros mensuales, según indicó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Caldera explicó que este cálculo es una media recogida en la Memoria Económica del proyecto sobre el conjunto de los usuarios y que, evidente, no recibirán la misma cuantía los grandes dependientes que los dependientes leves. Además, recordó que el Sistema Nacional de Dependencia priorizará la prestación de servicios. En cualquier caso, estas serían las cuantías que podrían recibir los cuidadores familiares que atiendan a personas dependientes.

Por otro lado, el ministro de Trabajo insistió en que la aportación que deberá realizar el ciudadano a la financiación del sistema no superará, en términos medios, el 30 por ciento del servicio y que se ha reforzado la idea de que nadie quedará sin prestación por carencia de recursos económicos. Igualmente aseguró que el texto, como ha dictaminado el Consejo de Estado y han admitido las propias comunidades autónomas, es plenamente constitucional y no invade competencias.

La Ley entrará en vigor en enero de 2007, y a partir de esa fecha todo español que lo requiera podrá solicitar la valoración de su nivel de dependencia. Caldera calificó el texto de "enorme avance social" y "verdadera revolución". "Es la ley más importante dirigida a las personas, y por su puesto también a sus familias", dijo el titular de Trabajo, que ya ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar el proyecto de Ley y los últimos cambios operados en el texto.