El Ejecutivo de Feijóo abre un nuevo frente y se apoya en un informe de Facenda que alude a la posible inconstitucionalidad de la norma
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Xunta ha recibido este miércoles respuesta del Ministerio de Política Territorial accediendo a iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo por la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con el foco en la tributación por las herencias en vida.
No en vano, la Xunta entiende que el nuevo régimen fiscal podría atentar contra los principios constitucionales y afectar a competencias tributarias autonómicas y al derecho civil de Galicia.
La disconformidad se circunscribe al artículo tercero de la norma estatal, que modifica cuestiones relacionadas con el IRPF, así como una disposición transitoria sobre la entrada en vigor de la reforma.
En la línea del pronunciamiento de la Comisión Superior de Dereito Civil en junio, la Xunta consideraque el texto legislativo estatal vulnera los principios de igualdad y neutralidad, ya que penaliza la tributación de las herencias en vida en comparación con las herencias por fallecimiento.
Alega que este incremento del gravamen del IRPF "dificulta enormemente" la realización de los apctos sucesorios, por lo que afecta "de forma muy directa" a una figura propia del Derecho Civil gallego y a un costumbre "muy arraigado en el pueblo gallego".
Pero además, la Xunta considera que la normativa estatal afecta a sus competencias, en tanto que la tributación de las herencias en vida afecta de forma muy directa al derecho civil de Galicia, y que fueron esas competencias las que permitieron regular los llamados pactos sucesorios que permiten la transmisión del bien en vida del causante como una herencia anticipada de la herencia y sin coste fiscal.
"EVIDENTE UTILIDAD SOCIAL"
Estos pactos suponen un anticipo de la herencia, remarca el Ejecutivo autonómico, "con una evidente utilidad social", ya que el heredero puede disponer de esos bienes como apoyo patrimonial. De hecho, en el periodo 2016-2020 se presentaron, según datos de la Xunta, un total de 145.489 solicitudes a la autoliquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
La norma estatal presume de forma automática que quien vende un bien transmitido por este pacto sucesorio antes de los cinco años, cometería un fraude fiscal y lo graba tributariamente, cosa que no sucede de heredarse este bien por fallecimiento. Tal "ficción legal", según define el Ejecutivo autonómico, "desconoce el sentido y finalidad de los pactos sucesorios".
Su naturaleza es, defiende, de anticipo de herencia, y su utilidad responde a la necesidad del heredero de recibir los bienes que le corresponden en la herencia con anticipación al fallecimiento del causante, en la mayoría de los casos por la necesidad de contar con ese apoyo patrimonial para emprender una actividad o adquirir un bien (como por ejemplo una vivienda).
La Xunta especifica que la introducción en el texto definitivo de la ley en un plazo de cinco años para hacer efectiva la tributación no elimina el conflicto, ni que durante tan largo periodo se está estableciendo "la presunción de un comportamiento antijurídico", del que se deduce automáticamente, sin posibilidad de rebatirlo, que si el bien heredado se vende antes de esos cinco años o del fallecimiento de la persona que realiza la transmisión, si había sido anterior, se trataría de un fraude.
INFORME QUE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD
El Gobierno gallego también discrepa con respecto a la disposición transitoria primera, ya que, aunque esta refiere que el precepto se aplicará a las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley.
Esgrime que, "en realidad", afecta a los pactos sucesorios realizados en los cinco últimos años cuando estos se hicieron sin que se hubiera podido tener conocimiento de que se iba a instaurar este gravamen, por lo que afectaría a derechos como el de seguridad jurídica, irrectroactividad y confianza legítima.
En la petición de la apertura de la Comisión Bilateral, la Xunta adjunta un informe de la Consellería de Facenda que cuestiona la constitucionalidad de la ley.
EL GOBIERNO ACEPTA LA PETICIÓN, CUYA FECHA QUEDA PENDIENTE
Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press han confirmado que el Ejecutivo autonómico ha recibido este miércoles la respuesta del Ministerio de Política Territorial que accede a iniciar negociaciones.
También designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda, y comunicar el acuerdo de las dos administraciones de empezar a dialogar al Tribunal Constitucional, de acuerdo a la tramitación habitual.
Aunque hay acuerdo en sentarse a hablar, este todavía deberá, una vez suscrito por la ministra, Isabel Rodríguez García, y el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por lo que la fijación de fechas queda pendiente.
OTROS CONFLICTOS PENDIENTES
Xunta y Estado saldaron recientemente los conflictos por la ley de pesca continental y la de salud, pero aún mantienen varias disputas abiertas.
En concreto, el pasado mes de abril, el Gobierno central planteó discrepancias sobre las leyes autonómicas de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica y la de residuos y suelos contaminados, ambas aprobadas en el mes de abril. En ambos casos, las negociaciones todavía no han dado fruto, pero está abierta la comisión bilateral, como así se confirma con el informe del Ministerio de Política Territorial.
Ya en agosto de este año, el Estado interpuso un nuevo conflicto de competencias, relativo a la ley de recuperación de la tierra agraria.
Por su parte, Xunta y Estado, también han acordado negociar las discrepancias, en este caso mostradas por la Administración autonómica, a la Ley de Cambio climático, como se plasmó en el DOG el pasado 13 de septiembre.
