Vicepresidencia responde que, ante el mismo problema, en Cataluña se optó por una "interpretación conforme al orden constitucional"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de Desarrollo Autonómico, Enrique Gómez Campo, denunció, en una misiva remitida a la Vicepresidencia de la Xunta el pasado 26 de septiembre, que el proxecto de lei de horarios comerciais de Galicia, aprobado por BNG y PSdeG el pasado 17 de octubre, "no se ajusta" a la normativa estatal.
En esta carta a la que ha tenido acceso Europa Press, Gómez Campo destaca que la limitación de la franja horaria, hasta las 20.00 horas, los días 24 y 31 de diciembre, en los municipios turísticos, en tiendas de conveniencia y en los establecimientos cuya superficie no supere los 150 metros cuadrados, tal y como recoge la normativa gallega, colisiona con la normativa estatal al respecto.
Así, precisa que la reducción de la franja horaria, adelantando el horario de cierre a las 20.00 horas, "impediría el cumplimiento del pleno derecho de apertura sin limitación horaria de estos establecimientos comerciales", que establece el artículo 5 de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales.
Por ello, pide que "se puedan despejar de antemano" cualquier problema que, en el futuro" se plantease con la aplicación de este precepto. "Considero conveniente trasladarte tales reflexiones a fin de que sean oportunamente valoradas, y con el alcance y en la forma que se estime más apropiada, se puedan despejar cualquier problema", afirma en esta misiva dirigida al secretario xeral e de Relacións Institucionais, Antón Losada.
CASO CATALÁN
En respuesta a estas afirmaciones, Losada responde en otra carta del 20 de octubre que este proyecto legislativo está, aún, en trámite parlamentario y son los grupos de la cámara los que tienen que determinar el alcance de la nueva norma. No obstante, recuerda que el mismo problema se planteó con una ley similar en Cataluña, en la que tanto la Generalitat como el Gobierno central, acordaron que "cabía una interpretación conforme de dicho artículo".
Un argumento que confirmó el propio director general de Desarrollo Autonómico, quien en otra carta remitida el 24 de este mes, puntualiza que para superar la "controversia" surgida con Cataluña se requirió la suscripción, por ambas partes, de un "acuerdo interpretativo".
"Sus términos, si bien permitieron evitar la impugnación de la norma por parte del Estado, no satisficieron plenamente nuestras pretensiones", destaca al tiempo que puntualiza que el envío de las cartas de cooperación pretenden, precisamente, "evitar que se repita todo este complejo proceso y la consecución de una solución más satisfactoria para ambas partes".
"DUDAS SUPERABLES"
Nuevamente, la Vicepresidencia responde en otra misiva del 25 de octubre, y subraya que, precisamente, se recordó el caso catalán porque, "a su juicio", las dudas manifestadas por el Gobierno central, "eran fácilmente superables en la medida en que existía una situación idéntica". "Hecho que manifestáis compartir, donde llegasteis a la conclusión de que cabía una interpretación conforme de la problemática planteada", apunta.
Por ello, aclara que, "por razones de igualdad de trato y oportunidad", el Gobierno central debe "concordar" en que la misma vía de solución, "y en los mismos términos" que se le dio a Cataluña, "está abierta" también para el proyecto de ley gallego. Por ello, se muestra dispuesto a "avanzar por los medios que estime oportunos" en la búsqueda de acuerdos que "resuelvan o eviten problemas futuros".
