El Gobierno estima que uno de cada cuatro gallegos se podrá beneficiar de nuevas medidas frente a la crisis

Archivo - El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en rueda de prensa
Archivo - El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA - Archivo
Publicado: martes, 28 junio 2022 17:19

   Miñones destaca el "escudo social sin precedentes" que despliega el Ejecutivo para "amortiguar" los efectos de la guerra en Ucrania

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Uno de cada cuatro gallegos se podrán beneficiar directamente de algunas de las medidas aprobadas el sábado en el Consejo de Ministros frente a la crisis, como por ejemplo de la subida de las pensiones no contributivas, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del bono de 200 euros para familias con bajos ingresos.

   Son cifras que ha dado este martes el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien ha destacado que el Ejecutivo que saca adelante estas propuestas "es el mismo que apostó por las familias y los sectores más afectados en la crisis por la covid".

   "Volvemos a aprobar un escudo social sin precedentes, justo y equitativo, que precisamente llega a los que menos tienen y más sufren los efectos de la inflación y la subida de los carburantes. El objetivo es amortiguar, con todos los medios al alcance del Gobierno, los efectos del conflicto de Ucrania y garantizar un reparto justo de los efectos de esta crisis", ha resumido Miñones.

   Además, ha reiterado la llamada hecha en marzo, "desde la unidad y la solidaridad que exigen esta situación", a la "lealtad institucional" para articular esta respuesta en España y en Galicia y "garantizar que este año 2022 sea el de la transformación" en la Comunidad gallega.

   El Real Decreto aprobado el sábado en Consejo de Ministros prolonga en el tiempo ciertas medidas --como el descuento de 20 céntimos por litro de sasolina-- y amplía otras fiscales para mitigar el encarecimiento de la energía. El texto supone un despliegue de más de 9.000 millones de euros.

IMV Y PRESTACIONES

   De acuerdo con las cifras de la Delegación del Gobierno, la subida del IMV y de las prestaciones no contributivas llegará directamente a 100.000 gallegos que mensualmente perciben este tipo de prestaciones sociales en la Comunidad.

    En lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital, Miñones ha destacado que 52.600 personas en Galicia, "de las que 20.648 son menores de edad", mantendrán el incremento transitorio del 15%. Asimismo, el decreto extiende este aumento a las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, de las que se abonan mensualmente en la Comunidad 46.000 en total.

   A ello se suma la ayuda de 200 euros que se podrá tramitar a partir de julio y que beneficiará a asalariados, autónomos y parados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 700.000 gallegos están por debajo de este umbral.

OTRAS MEDIDAS

   Asimismo, el delegado del Gobierno ha resaltado otras medidas adicionales, como la prohibición de la suspensión del suministro de luz, gas y agua, el límite al 2% de la revalorización de los alquileres y los descuentos en los medios de transporte públicos --del 50% en los gestionados por las empresas estatales y del 30% en los de la Xunta y los ayuntamientos--.

   Miñones también ha mencionado la rebaja del IVA de la electricidad, la congelación del precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros, el aplazamiento de pago de cuotas a la Seguridad Social para el sector pesquero y el agrario, y la ampliación de las ayudas a la sequía.

   En este contexto, el delegado ha recordado que el Ejecutivo estatal ha aprobado más de 72 millones de euros en ayudas directas a la pesca y ganadería de Galicia dentro del plan inicial de respuesta a la guerra en Ucrania. De ellos, 55,3 millones se abonaron a más de 6.400 explotaciones productoras de leche de vaca.

   En cuanto al transporte, se beneficiará de medidas extraordinarias que proporcionarán transparencia en la fijación del precio, con el objetivo de proteger al transportista al repercutir adecuadamente el incremento del precio del combustible en la factura. "En Galicia beneficiaremos directamente a 10.700 empresas", ha remarcado Miñones.

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