El gasto para 2006 se eleva a seis millones y después se abonará a Audasa el equivalente a un tráfico de unos 10 millones de vehículos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central y la Xunta de Galicia asumirán al 50 por ciento el coste de la supresión "definitiva y universal" de los peajes de la AP-9 a su paso por Rande (Pontevedra) y A Barcala (A Coruña), que se hará efectiva una vez que el Consejo de Ministros apruebe mediante Real Decreto la modificación de las condiciones de la actual concesión de la autopista, en manos de Audasa.
Así lo anunciaron hoy en Santiago de Compostela la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño, tras la reunión que mantuvieron en Santiago para cerrar los últimos aspectos del convenio que se firmará "antes de verano" y que, en palabras del mandatario gallego, convirtió a la jornada de hoy en un "día histórico".
En una comparecencia sin turno de preguntas, Magdalena Álvarez fue la encargada de explicar la fórmula para eliminar el peaje y concretó que sólo resta la tramitación administrativa, puesto que el pasado 28 de marzo, el Gobierno ya remitió la documentación principal tanto a la Xunta como a Audasa. En consecuencia, una vez cumplimentados estos trámites y después de que el Consejo de Ministros lo autorice, se firmará el convenio y la empresa retirará las cabinas para que "quien emplee estos trayectos, ya no tenga que pagar".
El levantamiento del peaje de Rande y A Barcala constituyó una de las grandes apuestas electorales de Touriño, que se había comprometido a habilitar una solución a principios de este año. Para ello, la Consellería de Política Territorial negoció con el departamento estatal los mecanismos para cumplir con lo que venía siendo una reivindicación histórica de los ciudadanos de las dos grandes áreas urbanas de Galicia.
Según la ministra, el principal reto para conseguirlo era "buscar cómo lograr un acuerdo" con la concesionaria, que dejará de cobrar a los usuarios que hagan el trayecto O Morrazo-Vigo y A Barcala-A Coruña y asumirá el levantamiento de las cabinas y la puesta en marcha de los mecanismos para que la Xunta de Galicia y el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, abonen al 50 por ciento el canon.
FÓRMULA
Para ello, una empresa propuesta por la propia Audasa, y consensuada entre las dos administraciones, se encargará de auditar el coste que se pagará anualmente. Al respecto, Álvarez avanzó que ya está cuantificado el de 2006, un total de 5.954.000 euros, y añadió que ambos gobiernos lograron una compensación anual con un descuento del 10 por ciento por parte de la compañía.
Pese a evitar apuntar la cantidad a la que ascenderán los pagos durante los próximos 42 años que resta de período concesional, la titular de Fomento concretó que las estimaciones anuales de tránsito prevén un movimiento circulatorio en torno a 10 millones de tráficos.
Además, avanzó que aunque hoy se cerró definitivamente el acuerdo, el convenio para llevarlo a cabo ya se redactó y el Real Decreto necesario para que pueda firmarse "está preparado". En consecuencia, dio por "empezada" ya la tramitación, después de que el pasado 28 de marzo, el Gobierno enviara a Audasa y a la Xunta la documentación técnica.
A partir de ahora, resta que Fomento obtenga el informe de la Secretaría General Técnica, que será remitido a la Abogacía del Estado para debatirlo en Comisión Delegada y, posteriormente, el Ministerio de Economía tendrá que ser informado para que, ya por último, el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto.
TRAMITACIÓN PREVIA
Así, Magdalena Álvarez destacó que el Gobierno "ya había estado moviendo los papeles internamente" y, por ello, dedujo que "no habrá ningún problema adicional" que dilate la puesta en práctica del acuerdo, puesto que cuenta con el "visto bueno de todas las entidades que tienen que entrar en la tramitación del Real Decreto".
La ministra reivindicó las gestiones realizadas para "solucionar un problema complejo creado por el Gobierno anterior", al que acusó de haber prorrogado la concesión de la autopista hasta 2048 y de haber privatizado la empresa justo después de la catástrofe del Prestige, en lo que constituyó "una mala respuesta a una situación difícil".
Por todo, consideró que el de hoy es "un día importante para Galicia", que ha visto cómo se resuelve "un problema por el que se ha luchado y para el que se ha encontrado la mejor solución". "Cuando algo es importante, requiere tiempo, esfuerzo y conocimiento, porque si no, son promesas que se lleva el tiempo", declaró la ministra, quien informó de que ya había negociado la supresión con Touriño antes incluso de las elecciones de 19 de junio que lo llevaron a la Presidencia de la Xunta.
COOPERACIÓN LEAL
Por su parte, el mandatario autonómico reconoció el "esfuerzo de cooperación leal" entre el Gobierno central y la Xunta y aprovechó para "agradecer" al departamento de Fomento las gestiones para "dar luz verde a una decisión singular y extraordinaria", puesto que "no tiene precedentes en España".
Según él, la supresión del peaje demuestra que tanto la Administración central como la autonómica "cumplen lo prometido", permitiendo "levantar la barrera que había en Rande y garantizar que hay un puente que de verdad funciona como elemento de unión".
"Es un momento extraordinariamente relevante y no tengo más que palabras de agradecimiento porque Galicia ya estaba aportando su esfuerzo y ahora, gracias al del Estado, podemos suprimir definitiva y universalmente el peaje", concluyó.
