SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, anunció hoy que trasladará a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y a petición del propio órgano judicial, un informe sobre las presuntas irregularidades en la concesión de parques eólicos y minicentrales otorgados por el anterior gobierno del PPdeG.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Blanco destacó que este informe recoge la revisión de expedientes de parques eólicos y minicentrales eléctricas y precisó que en él figuran, hasta en 48 ocasiones, empresas vinculadas con Luis Castro Valdivia, cuñado del director xeral de Industria, Ramón Ordás, entre 1999 y 2005.
Así, apuntó que de estas 48 empresas vinculadas al sector energético, tan sólo tres estaban creadas antes de 1999 y el resto de ellas, 45, se crearon o fueron adquiridas coincidiendo con el periodo en el que Ordás era director xeral de Industria.
"Puede haber indicios de fraude y se han detectado irregularidades en las tramitaciones administrativas, porque algunas de ellas fueron incluso aprobadas tras las elecciones del pasado año", alertó. Además, indicó que en muchos de los documentos públicos relacionados con estos casos se han detectado "cambios de fechas con tippex" en registros de entrada y salida de documentos de autorizaciones administrativas.
Asimismo, explicó que entre 1999 y 2005 se concedieron seis parques eólicos relacionados con Castro Valdivia y durante el gobierno interino, de las nueve autorizaciones de parques eólicos, tres fueron otrogadas a empresas relacionadas con este empresario, como el parque eólico de O Chao, situado entre los ayuntamientos de Muras y Ouros (Lugo).
El conselleiro de Innovación explicó que este parque pertenece a las sociedad Hidroeléctrica del Arnoya S.L., participada en un 50% por la empresa Desarrollo Energético de Galicia S.L. e Iglevaz S.L., en la que también participan la mujer del alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, sus hijos y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, tal como denunció el diario 'La Opinión' de A Coruña.
Blanco también destacó que Valdivia está relacionado con la concesión de 15 minicentrales, 13 de ellas durante el periodo de Ordás al frente de la Dirección Xeral de Industria. Durante este periodo, el empresario obtuvo casi la cuarta parte de las autorizaciones aprobadas.
"INCOMPATIBILIDADES"
En este sentido, puntualizó que "existen indicios de incompatibilidad" entre los intereses de las empresas de Castro Valdivia y las autorizaciones aprobadas por Ordás, ya que en nueve de los expedientes éste no se inhibió y firma una corrección de errores y la declaración de utilidad pública. Se trata de los proyectos de Xallás, Conso, Xesta, Corzán, Río Grande, Freixas, Novo Peneda, Novo Arnoia y Ramallal.
El conselleiro también dijo que hay "indicios de fraude de ley" porque existe la obligación de tramitar una solicitud de autorizaciónde "en los casos en los que un mismo promotor pida solicitud para más de un parque eólico". De esta forma, aclaró que Valdivia ostenta, bien personalmente o a través de diversas sociedades, seis parques eólicos autorizados y dos en tramitación, pero no solicitó ningún plan eólico empresarial.
"A mí no me parece normal y no entro en si es o no un delito. Eso lo tendrá que aclarar la Fiscalía, pero está claro que no es un proceso transparente ni público", aseveró.
DESPRESTIGIAR
Por su parte, el diputado del PPdeG, Angel Bernardo Tahoces, acusó a Blanco de utilizar esta comparecencia para "desprestigiar" a PPdeG y PSdeG. Así, consideró que su intención es "descalificar" al PPdeG y "poner en duda el honor" del alcalde de A Coruña. "No tiene ninguna piedad y despecho todo el del mundo", le espetó al conselleiro de Innovación.
Además, criticó que no haya "pruebas" sobre estas presuntas irregularidades y destacó que un empresario "es libre" de constituir las empresas que quiera y de ejercer su trabajo "como quiera". En este sentido, recordó que la actual Consellería de Innovación autorizó y declaró de autoridad pública varias minicentrales propiedad de Castro Valdivia.
"Hay que venir con pruebas y será en todo caso la Fiscalía quien decida si existe delito o no", afirmó al reclamar a Blanco que "deje de sembrar dudas, desconfianzas y descalificaciones". Asimismo, acusó al conselleiro de querer "romper" el mercado eólico al otorgar los 600mw que restan aún por conceder del plan eólico a una empresa pública participada por entidades privadas.
"OPORTUNISMO POLÍTICO"
Tanto socialistas como nacionalistas denunciaron el "oportunismo político" de Castro Valdivia y advirtieron de que ser el responsable de 45 empresas en las que no hay "ningún trabajador" es una "situación muy peculiar". Así, el socialista Abel Losada tildó las operaciones de este empresario de "capitalismo especulativo o virtual" y denunció que se valió de "información privilegiada" para acceder a las concesiones.
En este sentido, instó al PPdeG a que "no se preocupe" por la "honorabilidad" de Vázquez porque sus negocios y los de su familia "son públicos" y aparecen en el "registro mercantil". Así, recordó que su familia está relacionada con negocios eléctricos desde 1981, "antes de que Vázquez llegara a la alcaldía". "No se puede decir lo mismo de Castro Valdivida", agregó.
Por ello, consideró un "elemento de higiene y de aireamiento democrático" que sea la Fiscalía el órgano que se pronuncie sobre este caso. También el diputado nacionalista Fernando Blanco Parga puntualizó que "no se trata de hacer revanchismo", sino que será el fiscal quien diga si hubo delito. "A nosotros no nos corresponde esa vía, ni acusaciones más allá de las políticas", apuntó.
Además, no descartó que este asunto sea discutido en sede parlamentaria porque "no deja en buen lugar a las organizaciones políticas".