Louzán ve puntos "inejecutables" en la sentencia y Suárez Costa cree que "rectificar" los rellenos tendría "aún mayor coste ambiental"
PONTEVEDRA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, José Benito Suárez Costa, convocó hoy al consejo de administración para informar de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que considera ilegales los rellenos realizados en la Ría y anula el Plan Especial del Puerto de Marín, al tiempo que pide asesoramiento legal al jefe de la Abogacía del Estado para "actuar en consecuencia".
Suárez Costa alertó de que rectificar los rellenos, como ordena la sentencia que da la razón a los vecinos que denunciaron las obras, tendría "aún mayor coste ambiental" sobre la ría, aunque aseguró que "se hará lo que digan los técnicos". "Es una cuestión sumamente compleja", admitió, para añadir, al tiempo, que la Autoridad Portuaria "trabajará con todos los medios a su disposición para defender los intereses de las empresas y los trabajadores afectados por esta sentencia".
Según explicó, se trata de la terminal de contenedores de Pérez Torres y la nave de Gonvarri, empresas a las que envió un mensaje tranquilizador asegurando que "todos los rellenos realizados en el Puerto de Marín contaron con declaración medioambiental".
No obstante, y ya que la sentencia señala la carencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aclaró que pedirá información al director del Puerto, "para que explique si en algún momento de la realización de las obras se pudo haber incurrido en procedimientos contrarios a la ley", lo que no le consta porque como recordó "sólo hace unos meses" que asumió su cargo.
Por contra, los rellenos portuarios que ahora se cuestionan fueron realizados entre 1998 y 2006, siendo Tomás Iribarren el presidente de la Autoridad Portuaria de Marín.
"PRUDENCIA Y RESPETO"
Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra pidió "prudencia y respeto" a la hora de valorar la sentencia del Supremo, al tiempo que aconsejó una "reflexión sobre la lentitud "no de la Justicia sino de los propios procesos judiciales".
El presidente de la Diputación aseguró que una sentencia que se emite con tanto retraso "es imposible de aplicar", en parte debido a los "perjuicios a terceros".
Louzán afirmó que o Plan Especial do Porto de Marín se remonta al año 1993 cuando la Diputación de Pontevedra estaba presidida por César Mera y de cuya corporación no formaba parte. Recordó que no fue una decisión sólo del PP, ya que en la sesión plenaria que dio luz verde a la obra, el 30 de septiembre de 1994, votaron también a favor PSOE y BNG, con el único voto en contra del diputado independiente por Vigo, Antonio Nieto Figueroa 'Leri'.
Con todo, trasladó a las empresas y trabajadores del Puerto de Marín un mensaje de tranquilidad pues, según dijo, ahora "tendrán que sentarse todas las Administraciones implicadas y estudiar qué puede ejecutarse de la sentencia y ver qué fórmulas compensatorias si establecen". "Supongo que habrá cosas inejecutables", concluyó.
"FALLÓ EL SENTIDO COMÚN"
Por último, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, apeló al refranero popular y señaló que "de aquellos polvos estos lodos" para referirse a la sentencia, que falla no sólo contra la Autoridad Portuaria sino también contra la Xunta y la Diputación Provincial.
Lores recordó que las actuaciones cuestionadas se produjeron cuando gobernaba el Partido Popular en las tres administraciones condenadas y también en el Ayuntamiento capitalino, donde el BNG, desde la oposición, votó en contra.
"Nosotros siempre defendimos los intereses de vecinos, rechazando un plan que convierte el recinto portuario en un polígono industrial" explicó Fernández Lores tras valorar que con esta acatuación portuaria "no sólo se saltaron las competencias municipales sino también el sentido común".
