Creen que el decreto de la Xunta contribuye a proteger el medioambiente y fomenta la participación social pública
VIGO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los investigadores del Grupo de Economía Ecológica e Agroecología de la Universidade de Vigo denunciaron el "expolio" que los parques eólicos suponen en el ámbito rural de Galicia y recordaron que, en el año 2006, los 130 parques instalados en la comunidad facturaron 650 millones de euros, de los que tan sólo el 1,2 por ciento se destinaron al mundo rural.
Este grupo, pionero en el estudio del impacto socioeconómico de la energía eólica en Galicia, y dirigido por el profesor Xavier Simón, mantiene que esta energía se desarrolló en la Comunidad gallega de manera "socialmente injusta", que agravó las condiciones del rural, afectado ya por un proceso de decadencia, y que contribuyó a la degradación de espacios de algo valor ecológico.
Estos investigadores vigueses realizaron 70 visitas por toda Galicia para conocer las condiciones económicas y sociales que se establecen entre los productores de energía eólica y los propietarios de la tierra. Tras recabar esta información sostienen que, pese a que este sector genera importantes beneficios, los habitantes de las aldeas "siguen teniendo que marcharse", ya que el negocio eólico, lejos de fortalecer a las comunidades rurales, ha dejado indefensos a los propietarios de los montes, frente a compañías que ni siquiera están vinculadas con el tejido empresarial gallego.
Xavier Simón denunció que las empresas del sector "jugaron con la espada de la expropiación" para ocupar territorio, y las acusó de haber forzado la firma de acuerdos, en la mayoría de casos "ridículos". Así, puso como ejemplo la empresa Acciona, que empezó pagando 900 euros por molino en la Serra do Xistral, y lamentó que los sindicatos, partidos y grupos ecologistas "no estuvieron a la altura de las circunstancias".
MEDIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Según este grupo de investigadores, el Plan Eólico Empresarial puesto en marcha por la Xunta en 1996 se limitó a otorgar licencias sin concurso, con un simple compromiso de las empresas de hacer inversiones.
Asimismo, los estudiosos de la Universidade de Vigo explicaron que el Plan Eólico Sectorial de Galicia, actualmente en vigor, divide la comunidad en zonas por su potencial eólico cuando ya estaba adjudicada el 73 por ciento de la potencia y esto llevó, según Simón, a instalar parques en zonas "con valores ambientales significativos o cercanos a zonas de interés patrimonial".
Con respecto al nuevo decreto eólico, el grupo de investigación destacó los "cambios importantes" en la gestión de esta energía, ya que hace hincapié en la limitación del desarrollo eólico en zonas ecológicamente valiosas, y establece un sistema de concurso, inédito hasta el momento.
Xavier Simón destacó que ese decreto también permite una mayor participación social pública, tanto de los propietarios de los terrenos como de la propia Administración gallega. En su opinión, con esta normativa, se consigue un beneficio medioambiental, y también uno social, de fijación de la población en el ámbito rural, con el consiguiente aprovechamiento de recursos y el descenso en el riesgo de incendios.
