La jueza retira la acusación al delegado de la Xunta en Ourense por supuesto acoso laboral a una trabajadora

OURENSE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número tres de Ourense ha celebrado este jueves un juicio por supuesto acoso laboral a raíz de una denuncia presentada por una trabajadora de un centro sociocomunitario de Ourense, M.M.P.F., contra el jefe territorial de la Consellería de Traballo e Benestar, J.S.C.; el jefe de servicio, M.C.M.; y el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, a quien la jueza ha retirado la acusación, al entender que esta debe estar dirigida a los jefes directos de la demandante.

En su relato, la trabajadora ha asegurado estar sufriendo 'mobbing' --acoso laboral-- desde hace cuatro años, puesto que sus superiores no le designaban ningún trabajo ni cometidos, lo que considera un trato "vejatorio, prepotente, indigno y humillante" que vulnera su derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación.

Sin embargo, Rogelio Martínez ha indicado a Europa Press a la salida del juzgado que los hechos de la demanda se remontan al año 2008, durante el Gobierno bipartito, mientras que "los demandados tomaron posesión --de sus cargos-- a mediados o finales de 2009".

Sobre la demanda que le implicaba en este juicio, el delegado de la Xunta ha considerado que "no tenía sentido ninguno", puesto que, durante la vista, "la propia funcionaria reconoció" que no le conocía ni le "había visto nunca" y que solamente habían mantenido contacto cuando la demandante le hizo llegar un escrito por "un asunto nimio" que él hizo llegar "a quien correspondía" --el departamento de Benestar--.

Asimismo, acerca de la acusación dirigida a los otros dos trabajadores de la consellería, ha aseverado que "el jefe territorial tiene 600 funcionarios --a su cargo-- y el delegado 12.000 funcionarios en Ourense", por lo que "no puede haber relación directa" más que con los que están "en la oficina". A lo que ha añadido que "no había relación --entre ellos y la denunciante-- porque estaban ubicados en otro lugar".

De esta forma, la parte demandante ha pedido que se condene a los dos funcionarios de Benestar por estos hechos. Por su parte, la Fiscalía ha pedido la desestimación del caso, al entender que la demandante ha incurrido en incoherencias durante su declaración en el juicio.

Además, las abogadas de la Xunta han solicitado la absolución de sus clientes y que se le abra un expediente a la trabajadora denunciante, para la que piden una multa por temeridad y que se le exija el pago de las costas del juicio.