Fiscalía y acusación particular apelarán al TSXG por las "contradicciones y falta de motivación" del veredicto
VIGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular encargado de juzgar a Jacobo P.R., único acusado por el doble crimen ocurrido en julio de 2006 en la calle Oporto de Vigo, le ha declarado no culpable de los dos delitos de asesinato, aunque sí le considera autor del incendio en el inmueble en el que se produjeron los hechos.
El portavoz del jurado dio lectura a un veredicto en el que se considera que el acusado, que reconoció durante el juicio haber asestado 35 puñaladas a Isaac P.T. y 22 puñaladas a Julio L.A., es "no culpable" de los dos asesinatos, ya que actuó, en un caso, llevado "por el miedo insuperable" y, en otro, en legítima defensa.
Según el veredicto, el jurado popular consideró "no probado" que Jacobo P.T. hubiera asestado 35 puñaladas a Isaac con intención de acabar con su vida -por siete votos frente a dos--. A ese respecto, argumentaron que "no existe otra prueba que contradiga la declaración del propio acusado", y apuntaron que dicho acusado estuvo influido por el consumo de alcohol y cocaína.
Además, justificaron su declaración de no culpabilidad alegando que el chico atacó a Isaac cuando éste "se abalanzó sobre él", y que lo hizo porque "temía por su vida". Así, el jurado sostuvo que, cuando Jacobo apuñaló a este joven, lo hizo "con el único propósito de defenderse de ser muerto o violado", y estando en un "estado de pánico que anuló su capacidad de comprender la ilicitud de lo que hacía".
Con respecto a Julio A.L., el jurado consideró no probado el asesinato por unanimidad, y señaló que el imputado actuó en legítima defensa porque la víctima "trató de obligarlo, esgrimiendo un cuchillo, a mantener relaciones sexuales". Al igual que en el caso del otro fallecido, los miembros del jurado estimaron que Jacobo P.T. actuó para defenderse y llevado por el pánico.
DELITO DE INCENDIO
No obstante, el tribunal popular sí consideró probado que el acusado prendió fuego a la vivienda y a los cadáveres, abriendo posteriormente la espita del gas del piso, aunque también precisó que lo hizo "en estado de pánico".
La Fiscalía pedía para el acusado un total de 60 años de cárcel por dos asesinatos y un incendio, mientras que la acusación particular pedía esa misma pena, más 18 meses de prisión por hurto -un delito considerado "no probado" por el jurado--. Al ser declarado culpable únicamente del incendio, ambas partes instaron a la magistrada de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra a que le imponga la máxima condena, es decir, 20 años de cárcel.
Por su parte, la abogada de la defensa pidió a la juez que esa pena por incendio se imponga en su "grado mínimo", dado que "no hay agravantes" que concurran en estos hechos. Asimismo, solicitó que, a la hora de dictar sentencia, "tenga en cuenta las circunstancias personales" de Jacobo P.R., que ya lleva 2 años y medio en un centro penitenciario.
RECURSOS
Tanto la acusación particular como la Fiscalía han anunciado que presentarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la nulidad de la vista por "falta de motivación" y "contradicciones" en el veredicto.
El abogado de la acusación, Tomás Santodomingo, expresó su esperanza de que el alto tribunal gallego "entienda que hay contradicciones" y señaló que el veredicto es "profundamente injusto". Además, recordó que, inicialmente, el jurado había pensado en absolver a Jacobo también del delito de incendio, por lo que "casi ponen en la calle a un asesino confeso" --el propio acusado manifestó en su alegato final que "no hay otro culpable", sino que lo era él por su forma de ser--.
El letrado tachó de "impresentable" la decisión del jurado y recordó que "la sociedad pide endurecimiento de penas y cadena perpetua" y, "cuando tienen la responsabilidad, reconocen la legítima defensa en un caso como éste". "Espero que no tengan que arrepentirse de esta decisión", apuntó, al tiempo que criticó que "se dejen juicios de delitos tan graves en manos de gente que no es especialista".
Santodomingo lamentó que "si las víctimas fueran dos chicas de 20 años o gente de otro tipo, probablemente el fallo sería distinto", y vinculó el veredicto al hecho de que las víctimas eran homosexuales y, uno de ellos -Julio A.L.--, era brasileño y de raza negra.
"FALLO ESCANDALOSO"
Por su parte, el fiscal jefe de Vigo, Juan Carlos Horro -que habló en nombre del fiscal que actuó en el juicio, por encontrarse éste "personalmente afectado"--, tildó de "fallo escandaloso" el anunciado hoy por el jurado, e insistió en que la Fiscalía realizará un "minucioso estudio de la sentencia" para recurrirla y pedir la anulación de la vista.
Sobre el papel de los jurados populares, Horro recordó que están contemplados en la legislación española, aunque matizó que, cuando en los hechos probados se recogen 57 puñaladas "parece bastante claro". "No tengo duda de que un tribunal profesional hubiera dictado las tres condenas", apostilló.
El fiscal jefe de Vigo lamentó que, si el jurado no lo ha considerado así "es que algo ha fracasado, algo no está bien en el sistema". "Que 57 puñaladas no merezcan ni un año de prisión es algo que chirría", añadió, y atribuyó el veredicto de hoy a un "fallo del sistema", ya que "hay pruebas para un pronunciamiento condenatorio".
"IGNORANCIA DEL JURADO"
La madre de Isaac P.T., al término de la lectura del veredicto, se levantó y se dirigió al jurado para decirles que "dejan en libertad a un asesino confeso, que les quede en la conciencia toda la vida", y calificó la decisión como algo "completamente injusto", ya que "las pruebas estaban clarísimas".
Marta Pérez Triviño atribuyó el veredicto a la "ignorancia del jurado", y anunció que "habrá que formar un escándalo" para conseguir "que se anule" el juicio. "No hay ley, estoy totalmente decepcionada", aseveró, al tiempo que apuntó que "quizá debería haberle pasado esto a alguno de los miembros del jurado" para que decidiesen en otro sentido.
"No lo puedo entender, él confesó el doble crimen", recordó esta mujer que, ahora tendrá que devolverle al Estado los casi 46.000 euros que recibió en concepto de ayuda por haber sido directamente afectada por la muerte violenta de su hijo.