El incumplimiento de esta orden conllevará una multa coercitiva de 1.200 euros para el concejal de Urbanismo
PONTEVEDRA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra accedió a la demolición forzosa de las chabolas construidas ilegalmente en el poblado gitano de O Vao-Poio y estableció unos plazos "improrrogables" con advertencia de multa coercitiva para el concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, en caso de incumplimiento.
En el auto, el juez Juan Carlos Fernández López señaló que "no se está ante una orden de desalojo acordada de manera súbita y sorpresiva" y argumentó que debe prevalecer el "interés general" frente a una "situación de ilegalidad" que produce "perjuicios" en materia de salubridad, orden público y ordenación urbanística.
"En estas condiciones no se puede esperar al desarrollo de futuros convenios urbanísticos o de realojamiento que ya no se hubieran iniciado y madurado, como tampoco a una ejecución de planes imprevisibles y desarrollo incierto", manifestó el magistrado.
Al respecto, y ya que el ayuntamiento había dado a los infractores un plazo hasta el próximo 9 de agosto para el desalojo y demolición de las chabolas, el auto judicial establece que ese plazo "es improrrogable".
Si para entonces las chabolas no han sido demolidas por sus propios ocupantes, según el auto judicial, "será el ayuntamiento de Poio, bajo la responsabilidad de su concejal de Urbanismo el que deba demolerlo en su totalidad".
FECHA LÍMITE
En este caso, la fecha límite es el 5 de septiembre, con la advertencia de que el incumplimiento de esta orden conllevará una multa coercitiva para el concejal por una cuantía de 1.200 euros, "que se reiterará cada dos semanas hasta su total ejecución", sin perjuicio de la apertura, además, de responsabilidades penales.
El auto también impone al concejal de Urbanismo la obligación de informar al juzgado cómo van los trámites y determina que el primer informe debe serle remitido antes del 28 de este mes de julio, con la advertencia de que si no lo hiciera también se le impondrá una multa coercitiva, en este caso de 450 euros por cada incumplimiento.
SATISFACCIÓN
Por su parte, la presidenta de la Asociación Vecinal de O Vao, Carmen Esperón, expresó su satisfacción por esta decisión judicial, que atendió su petición de ejecución forzosa de la sentencia que ordenó el derribo de la decena de chabolas construidas ilegalmente en el poblado gitano.
No obstante, la dirigente vecinal opinó que el problema "aún está muy lejos" de resolverse y advirtió que la asociación "va a estar muy pendiente para que no se monte otra chabola al lado de las que deben demolerse".
En cuanto al problema social que se plantea con la demolición, ya que muchas familias se van a quedar sin vivienda, manifestó que entiende que es el ayuntamiento el que debe darle solución a través de sus servicios sociales.
Este auto judicial puede ser recurrido, pero según el abogado de la asociación vecinal, Fernando Fidalgo, "no es más que una formalidad que no afectará a su capacidad ejecutiva".
