También están citados el máximo representante de Viticultores do Castro y su representante legal y edil del PSOE en Piñor
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) ha llamado a declarar el próximo día 2 de septiembre a dos altos cargos de la anterior Xunta bipartita por el caso de la agente electoral.
Se trata del ex secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, y del ex director xeral de Promoción do Emprego, Álvaro Ansias, que deberán comparecer en calidad de testigos de los hechos.
Además, el máximo representante de Viticultores do Castro, Darío Rodríguez, y el representante legal de la asociación -que, además, es concejal del PSOE en Piñor-, David Fernández Ojea, están citados también por el juzgado.
De este modo, continúan las declaraciones en sede judicial con el objetivo de esclarecer si, tal y como denunció el PPdeG a principios del año pasado, la Xunta -entonces liderada por PSdeG y BNG- pagó con fondos públicos un billete de avión a una agente electoral del PSOE para que viajase a Buenos Aires (Argentina) entre el 2 de abril y el 23 de mayo, justo antes de las pasadas elecciones municipales.
ANTECEDENTES
En un primer momento, los populares solicitaron una comisión de investigación en el Parlamento gallego aunque, convencidos de que la Xunta "tapó" ciertos asuntos, decidieron llevar el caso a los tribunales.
De hecho, el Partido Popular denunció que el entonces conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, "permitió" que la asociación 'Viticultores de O Castro' --la entidad ourensana que contrató a la supuesta agente electoral con fondos de Traballo-- "incumpliese las condiciones de la subvención" y "financiase a través de fondos públicos a una agente electoral".
Los populares dan por probado que esta agente electoral, María Isabel Blanco, no trabajó para la entidad ourensana sino para el entonces candidato socialista y responsable de Unións Agrarias en Costa da Morte, Félix Porto, a través de este sindicato.
Precisamente, el regidor de Muxía fue imputado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña) el verano pasado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones en este caso.
