La alcaldesa señala que la "mayor parte" de los allanamientos obedecen a casos "de vulnerabilidad" y reclama a la Xunta más vivienda pública
LUGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La junta local de seguridad de Lugo ha acordado reforzar la presencia policial en la ciudad para disuadir y atajar la "conflictividad social" que generan "algunos" de los casos de okupaciones ilegales de viviendas que están relacionados con el tráfico de drogas.
Así lo ha avanzado la alcaldesa, Lara Méndez, tras lo que ha insistido en la importancia de que los propietarios denuncien estos allanamientos. "El Ayuntamiento está actuando ya, con operaciones que contribuyen a garantizar la protección de la vecindad en las zonas en las que se reproduce con mayor frecuencia esta problemática, pero es necesario que los afectados pongan en conocimiento de la justicia todos y cada uno de estos casos", ha recalcado.
Y es que, según ha lamentado, en estos momentos "solo tres titulares denunciaron una situación de ocupación ilegal en la ciudad", lo que impide "que se pueda actuar contra ellos" en el "resto de los casos".
Méndez ha participado este martes en la reunión de la junta local de seguridad, a la que también han asistido la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, y los responsables de la Policía Local y Nacional.
En cualquier caso, la regidora ha trasladado a los vecinos un mensaje de "tranquilidad", porque Lugo mantiene "uno de los índices más bajos de inseguridad de toda Galicia" y la "mayor parte" de las okupaciones que se registran obedecen a situaciones "de vulnerabilidad y no de delincuencia", como puede ser el caso del barrio de A Milagrosa.
SEÑALA A LA XUNTA
En este contexto, Lara Méndez ha recalcado que la urbe amurallada lleva "más de una década de atraso" en la creación de viviendas de protección pública, lo cual podría paliar "todas estas catencias". De hecho, ha recordado que tanto esto como las políticas sociales son dos materias en las que la Xunta tiene las competencias.
"Por lo tanto, no resulta prudente, ni responsable, ni ético siquiera, emplear el miedo de la ciudadanía como herramienta política, especialmente en caso de aquellas personas que aspiran a gobernar un Ayuntamiento pero dirigen o integran instituciones que tienen competencias al respecto y no las ejercen", ha lamentado.
