Méndez Romeu cree necesario reformar la Ley del Suelo para "imponer mayor disciplina urbanística"

Actualizado: jueves, 6 abril 2006 18:29

Garantiza una "propuesta concertada" para la ley del Área Metropolitana de Vigo y rechaza actitudes "victimistas"

A CORUÑA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de la Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, José Luis Méndez Romeu, subrayó hoy que "todos los interlocutores están de acuerdo" en que es necesario modificar nuevamente la Ley del Suelo de Galicia para "imponer mayor disciplina urbanística" y evitar casos como el que ha derivado en la 'Operación Malaya' en Marbella.

Méndez Romeu reconoció que una nueva modificación de la Ley del Suelo entraña "un procedimiento complicado", pero advirtió de que es necesario "pensar mucho más en el medio o largo plazo que en el corto" para preservar el entorno en la Comunidad gallega.

Así, afirmó que "todos los interlocutores están aceptando que es necesaria" una reforma de esta normativa para reforzar los controles urbanísticos. En todo caso, a raíz de la situación generada en Málaga, el responsable de Presidencia descartó que en Galicia se pueda llegar a retirar competencias urbanísticas a los municipios.

La Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, conocida como Ley del Suelo, fue aprobada en el año 2002, cuando Xosé Cuiña ocupaba la Consellería de Política Territorial, pero posteriormente ya fue reformada en 2004, pese al escaso tiempo que había transcurrido desde su aprobación.

AREA METROPOLITANA

Acerca de la creación del Área Metropolitana de Vigo, el titular de Presidencia reivindicó nuevamente que la "iniciativa legislativa" para la constitución de este ente supralocal "corresponde a la Xunta", aunque agregó que el Gobierno gallego presentará "una propuesta concertada previamente".

Méndez Romeu garantizó que se hablará antes con los interlocutores sociales del área de Vigo, "procurando que signifique un paso adelante sin precedentes en el sur de Galicia". Asimismo, respaldó el "rechazo" del presidente de la Xunta a las "actuaciones victimistas que no ayudan a la resolución de los problemas".

DEUDA HISTÓRICA

Por otra parte, el conselleiro de la Presidencia consideró que hay que "seguir los procedimientos establecidos" para negociar la deuda histórica de Galicia y añadió que "el proceso de reforma estatutaria es absolutamente necesario". A su juicio, este proceso hay que llevarlo "con la voluntad de todos los grupos políticos de hacerlo lo mejor posible", para abordarlo de forma "respetuosa" con "sus necesidades".

TORRE DE LA JUSTICIA

Respecto a la denominada Torre de Justicia en A Coruña, Méndez Romeu señaló que espera un encuentro "en las próximas fechas" con el alcalde herculino, Javier Losada, para abordar "algo conversado", y "proponer un esquema de las demandas de la Xunta" en el campo de la justicia y "escuchar sus propuestas".

"Creo que la ubicación planteada en el pasado no es buena", afirmó el conselleiro, quien añadió que significaría una densidad constructiva en la actual parcela que "no beneficia a nadie, ni mejora el tejido urbanístico de la ciudad, ni facilita la comodidad de funcionarios ni de público".

En su opinión, "el alcalde es conocedor de la situación de las demandas de Justicia en Galicia", y confía en que se pueda "alcanzar una solución que permita este mismo año convocar un concurso de obra" para la construcción de la Torre.

Sobre las peticiones de supresión del peaje de Carballo (A Coruña), aseguró que lo que se tenga que hacer en el futuro "tendrá que ser analizado y abordado en el momento oportuno". En cualquier caso, hizo hincapié en que la eliminación del peaje de la AP-9 a su paso por A Barcala y Rande fue un "paso histórico".

Méndez Romeu realizó estas declaraciones antes de pronunciar una conferencia en la Universidade de A Coruña sobre el Pacto Local. Al respecto, el conselleiro dijo que "el pacto está funcionando bien, dentro de las previsiones existentes", y recordó que se está "iniciando el proceso para abrir una nueva relación entre las administraciones local y autonómica", con la finalidad de "mejorar la prestación" de los servicios públicos.