Un millar de personas secundan una manifestación en Pontevedra para reclamar que Ence salga "fuera de la ría ya"

Decenas de personas con una pancarta en la que se lee: `Fóra da ría xa!, durante una manifestación contra Ence, a 4 de julio de 2021, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La convocatoria ha partido de las alamedas de Marín y Pontevedra hasta las puerta
Decenas de personas con una pancarta en la que se lee: `Fóra da ría xa!, durante una manifestación contra Ence, a 4 de julio de 2021, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La convocatoria ha partido de las alamedas de Marín y Pontevedra hasta las puerta - Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press
Publicado: domingo, 4 julio 2021 16:34

   La APDR y el Ayuntamiento presentarán sendos recursos si la Audiencia Nacional no decreta la ilegalidad de la prórroga concedida a la pastera

PONTEVEDRA 4, (EUROPA PRESS)

   Un millar de personas se han sumado desde las alamedas de Pontevedra y Marín a la 'Marcha contra Celulosas' convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), que han reclamado ante la pastera de Lourizán que Ence se marche "fuera de la ría ya", como precisaba en el lema de la manifestación. El presidente de la APDR, Antón Masa, ha asegurado que mantendrán esta reivindicación "las veces que haga falta".

   Precisamente, tras el paréntesis en la convocatoria del pasado año "por responsabilidad y prudencia" a causa de la pandemia, la APDR ha retomado la movilización en vísperas de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre los recursos presentados por el propio colectivo ecologista, el Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace contra la prórroga concedida en 2016 por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.

   "Ence no puede seguir legalmente en Lourizán", ha afirmado Antón Masa, calificando de "impensable que la Audiencia Nacional decida que la prórroga de 60 años hasta 2073 fue legal". El presidente de la APDR ha argumentado que la legislación establece "con total claridad que solo pueden estar en terrenos de dominio público aquellas instalaciones o actividades que por su naturaleza, y no por su interés o conveniencia, por el número de trabajadores que tengan o el dinero que dejen" --ha insistido Masa-- "tengan que estar obligatoriamente en terrenos de dominio público".

   También ha explicado que "no hay en todo el Estado español ninguna otra fábrica de pasta de papel o de papel, ni siquiera la que Ence tiene en Navia, que esté en dominio público", además de rechazar los argumentos de la empresa sobre la falta de un emplazamiento alternativo y de reprochar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, su apoyo a la permanencia --"absolutamente ilegal", ha recalcado-- de la fábrica.

POSIBLE RECURSO

   En este sentido, la APDR ha anunciado que recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional si no decreta la caducidad de la prórroga en 2018; una postura que secundará el ayuntamiento de Pontevedra, según el alcalde, Miguel Fernández Lores, que ha coincidido en que "los argumentos son tan contundentes e irrefutables que sería una vergüenza que la Audiencia Nacional tomara una decisión que no fuera la que tomó la Abogacía del Estado" cuando el Gobierno central no rebatió los recursos contra la prórroga.

   Fernández Lores y Masa se han referido también a las "presiones" sobre los magistrados de la Audiencia Nacional por parte de "Ence, la Xunta, otras Administraciones del Estado y organizaciones políticas", ha precisado el presidente de la APDR.

   Así, el alcalde de Pontevedra ha calificado de "agravio comparativo" con respecto a otras empresas y "derecho de pernada" la situación de Ence en Lourizán con respecto a las otras siete celulosas existentes a nivel estatal, "ninguna en terrenos de dominio marítimo terrestre ni en un espacio público".

   Miguel Anxo Fernández Lores también ha criticado que la Xunta "no quiere hacer nada" para evitar la permanencia de Ence frente a otros momentos en los que "la quisieron cerrar porque les interesaba políticamente". Además, ha cuestionado los argumentos de la fábrica para continuar en Lourizán tanto por la viabilidad del traslado como por el consumo de agua que necesitaría para desarrollar su actividad.

   El regidor municipal ha reiterado el "derecho" del Gobierno local a "deslocalizar las empresas que están generando una actividad contaminante" en una ría "única" desde el punto de vista de los recursos y la "rentabilidad" que aportaría a la pesca y el marisquero, además del factor ambiental.

APOYOS Y MANIFIESTO

   Entre los asistentes a la Marcha contra Celulosas se han sumado varios concejales nacionalistas del Gobierno local de Pontevedra y el alcalde de Poio, Luciano Sobral, además del diputado del BNG en el Parlamento gallego, Luis Bará; el secretario xeral de Podemos en Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez-Reino; y el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez. También ha acudido representación de los colectivos ecologistas Greenpeace, Adega, Ecoloxistas en Acción y la Plataforma en Defensa da Ría de Vigo-Cíes.

   En la lectura del manifiesto a la llegada de la manifestación a la fábrica, la secretaria de la APDR, Antía Mariño, ha recordado que la "lucha" contra Celulosas se remonta a más de 60 años, con anterioridad a la construcción de las instalaciones, cuando en la ría de Pontevedra faenaban casi 15.000 personas según datos de la Comandancia de Marina. Desde la implantación de la factoría, apenas se dedican al marisqueo unas 400 personas; tantas como puestos de trabajo directos de la empresa.

   Junto con la desaparición de especies acuícolas, Antía Mariño también ha denunciado la proliferación del eucalipto en los montes gallegos para abastecer a la pastera, con lo que "el progreso y la riqueza anunciados" con la puesta en marcha de la factoría "fueron en realidad u freno al desarrollo económico de Galicia y la peor de las condenas" para la comarca de Pontevedra. "Una condena que el Partido Popular quiere convertir en cadena perpetua", ha añadido.

   Por ello, "a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional", la APDR ha exigido "que se haga cumplir la ley y se anule definitivamente la prórroga de 60 años concedida ilegalmente a Ence".

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