Nota de sustitución a la información 'Consello.- Más de 1.800 mujeres podrán acogerse...'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un mínimo de 153 mujeres podrán acogerse este año al 'salario da liberdade', cuya puesta en vigor aprobó hoy el Consello de la Xunta y que tiene por objeto facilitar la independencia económica de víctimas de violencia de género.

De esta forma, la Vicepresidencia comenzará a regular la tramitación y el pago de estas ayudas, cuya partida económica para este año es de 1,1 millones de euros. Del montante global, las mujeres que sufran maltrato que tengan ingresos inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional (SMI) o que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento podrán percibir hasta 600 euros al mes.

Si la víctima de violencia de género cobra rentas superiores al salario mínimo interprofesional, pero no superan el doble de este salario, recibirán 400 euros al mes; una cantidad que se reducirá a los 200 mensuales cuando perciba rentas que estén entre el doble y el triple del SMI. En este último caso, las ayudas se podrán incrementar en 50 euros más por cada hijo menor de edad que tenga a su cargo.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, no concretó el número de mujeres que se podrán beneficiar de estas ayudas, pero recordó que la división entre la cantidad total de la ayuda y los 600 euros máximos que pueden cobrar al mes durante un año podría dar una cifra indicativa de 153 mujeres como mínimo.

ACREDITAR MALOS TRATOS

Para acceder a estas ayudas, las beneficiarias tendrán que acreditar que sufren malos tratos, presentando una orden de protección judicial a su favor o un informe del Ministerio Fiscal, de los Servicios Sociales o del centro de acogida en el que quede constancia de la existencia de indicios de violencia.

Además, las mujeres deben ser mayores de edad o estar emancipadas, residir en Galicia y demostrar que carecen de recursos suficientes como para poder emanciparse de su agresor.

Las solicitudes tendrán que dirigirse a la directora del Servizo Galego de Promoción da Igualdade y presentarse en el registro de este organismo, desde la entrada en vigor de la orden, al día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia, hasta el 30 de noviembre de 2006.

Las beneficiarias quedarán obligadas a facilitar toda la información que se les requiera con el objetivo de comprobar que los fondos recibidos fueron utilizados "para los fines propuestos", es decir, para emanciparse de su agresor y rehacer su vida.