El PPdeG apoya que se arbitren medidas pero subraya que "no se puede intervenir" en la autonomía municipal y judicial
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a adoptar las medidas "a su alcance" para poner fin al "asedio moral" que sufre una funcionaria del ayuntamiento pontevedrés de Dozón por parte de Adolfo Campos, alcalde y militante del PPdeG, desde que la trabajadora integró en las elecciones municipales de 1999 la lista del BNG en el citado municipio.
Así lo recoge una proposición no de ley presentada por el BNG, que fue aprobada hoy en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego por ocho votos a favor del PSdeG y los nacionalistas, frente a los siete en contra del grupo popular, que presentó una enmienda rechazada.
La proposición incluye, además, el requerimiento al Ayuntamiento de Dozón a anular las resoluciones ilegales adoptadas contra esta trabajadora de acuerdo con lo establecido en el Artículo 217 de la Lei de Administración Local de Galicia.
Asimismo, aboga por emprender "cuantas reformas legales promuevan en el ámbito de sus competencias, la persecución del asedio moral en el trabajo y la protección efectiva de sus víctimas". En concreto, apunta la introducción en la legislación funcionarial de la posibilidad de cambio de puesto de trabajo por motivos de salud.
En la proposición no de ley el Parlamento también requiere al Gobierno gallego que inste al Ejecutivo central a adoptar medidas "legales y administrativas efectivas" de lucha contra el asedio moral en el trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público.
RECHAZO DEL PPDEG
La diputada popular Susana López Abella expresó en su intervención en la comisión el apoyo de su grupo a que se arbitren las medidas necesarias para evitar "cualquier tipo de asedio moral" a los trabajadores pero subrayó que "no se puede intervenir" en la autonomía municipal ni judicial.
Por ello, el grupo popular presentó una enmienda a la proposición no de ley, que fue rechazada por el BNG. "Sería aceptable si hablásemos de lo genérico pero hoy nos posicionamos sobre un tema concreto", justificó el nacionalista Fernando Blanco Parga, mientras que la diputada socialista Margarita Pérez subrayó que es un asunto "suficientemente grave para requerir esa respuesta".
Al respecto, el diputado del BNG recordó que se trata de un "delito cívico" y no se corresponde sólo con un tema de acoso. La situación denunciada por la funcionaria Ana Lois Navaza se remonta a 1999 cuando, tras presentarse como cierre de la lista nacionalista en las municipales de 1999 en el Ayuntamiento de Dozón, "en el que tradicionalmente sólo se presentaba una candidatura", puntualizó Parga.
SENTENCIAS
Así lo reconocen varias sentencias como hechos probados, la última del pasado mes de mayo dictada por el Juzgado de lo Social Número 3 de Pontevedra. Además, según indicó Parga, "hasta 13 sentencias de lo Contencioso-Administrativo declaran nulas muchas de las resoluciones acordadas por el ayuntamiento".
El alcalde popular, Adolfo Campos, "lejos de cumplir las resoluciones judiciales", según denunció Parga, relegó a la trabajadora a un "habitáculo separado" de dos metros cuadrados, "sin teléfono ni ordenador y con calefacción insuficiente". También denunció que incluso le impide el acceso al fax y a los expedientes municipales, además de ordenar al resto de empleados municipales que no se dirijan a ella.
