El Parlamento pide que se garantice la separación física entre presuntos agresores y víctimas de violencia de género

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento aprobó hoy por unanimidad de los tres grupos (PP, PSOE y BNG) instar a la Xunta de Galicia a poner en marcha las medidas necesarias en los edificios judiciales para garantizar la separación física entre presuntos agresores y víctimas de violencia de género, siempre que lo solicite la víctima o su representación legal.

El acuerdo fue posible tras presentar una proposición no de ley el Grupo Socialista, que fue transaccionada con el Bloque. El PP también la apoyó, aunque vaticinó que tendrá "escaso efecto práctico", pues lo realmente difícil "es articular las medidas y determinar cómo" realizar la separación física entre presunto agresor y víctima. "No basta con llevar a los albañiles y que ponga un tabique", apuntó.

La autora de la iniciativa, la socialista Laura Seara, recordó que "la violencia de género es la expresión más brutal de la desigualdad" y denunció que cada año aumentan las denuncias y que de media al mes se abren en Galicia "318 procesos judiciales" por este motivo.

Laura Seara explicó que el tratamiento de las violencia de género tiene que ser diferente porque también el tratamiento penal es distinto y recordó que para una víctima "es especialmente duro encontrarse con el presunto agresor después de haberlo denunciado".

Por su parte, Iago Tabarés, del BNG, aseguró que "el riesgo más grande" para la víctima es el momento de la denuncia, pues "vuelve estar a merced del presunto agresor", y advirtió de que "antes de la vista comparten escenario". También criticó que en Galicia "no existen oficinas de atención a la víctima y sólo Pontevedra y A Coruña disponen de algo parecido".

Agustín Baamonde, del PP, se mostró de acuerdo con la iniciativa, pero dudó de "su eficacia práctica", además de criticar a la diputada socialista proponiente por su afán de protagonismo en este tema de la violencia de género. Laura Seara rechazó que pretenda "exclusividad" en este asunto y reiteró que la separación física entre víctima y presunto agresor es "una demanda clara".

Por otra parte, la Cámara autonómica también acordó por unanimidad una proposición no de ley del BNG, defendida por Tereixa Paz, que pide al Gobierno gallego que dentro del programa formativo para este año se impartan cursos de lenguaje jurídico gallego, básico, medio y superior, para los funcionarios gallegos al servicio de la Administración de Justicia destinados fuera de Galicia.