El sindicato pedirá a UGT y CC.OO que testifiquen sobre la negociación del acuerdo
VIGO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario nacional de la Federación de Alimentación, Mar, Transportes, Textil y Telecomunicaciones de la CIG, José Fernández Piñeiro, admitió hoy que "no será fácil" que prospere la anulación del convenio nacional del sector conservero tras la impugnación presentada en la Audiencia Nacional el pasado 30 de marzo porque la decisión judicial "sentaría precedente" en el panorama laboral español.
En una rueda de prensa, Fernández Piñeiro destacó sería "un hito histórico" que al sindicato la Justicia le diera la razón frente a las principales centrales sindicales nacionales (UGT y CC OO) y la patronal del sector, que firmaron el convenio colectivo el 6 de septiembre de 2006 con una vigencia de 5 años.
Así, el sindicalista explicó que a pesar de que todavía no se ha fijado una fecha para la celebración del juicio, "se celebrará este año", al tiempo que se mostró seguro de que sea cual sea el resultado, la parte perjudicada "recurrirá" la resolución.
Para la CIG existen tres apartados de "dudosa legalidad" en el documento, como en el referido a la contratación, en las categorías laborales y en las licencias, ya que, según el sindicato, se detectan aspectos discriminatorios que chocan "con las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, UGT y CC.OO".
TESTIGOS
En este sentido, afirmó que, pedirán a UGT y CC.OO que acudan al juicio "como testigos" sobre la negociación del convenio y que "opinen sobre las demandas de la CIG en discriminación de género" que, según añadió, están constatadas por datos objetivos.
Fernández Piñeiro explicó que su sindicato hizo una petición al Ministerio de Trabajo para que le envíe datos de los censos de trabajadores en empresas del sector en el resto de España, puesto que ya posee datos de 15 industrias gallegas y con las que pretende probar las "discriminaciones de género encubiertas" en las distintas categorías.
Así, aludió a las diferencias salariales de entre 50 y 100 euros al mes entre las distintas categorías, según se encuadren en cada una de las tablas salariales que contiene el convenio. Así, explicó que, por un lado está la de de oficios varios, en la que "el 100 por ciento son hombres", y por otro la de "fabricación" en la que la inmensa mayoría son mujeres, quienes perciben sueldos muy inferiores.
En este sentido, afirmó que estos censos se tomarán como "elemento a aportar, en positivo, de la existencia de discriminaciones". En el caso de que los demás sindicatos ratifiquen estos datos con sus testimonios, Piñeiro consideró que "podría darse una situación escandalosa" en el sector.
CONTRATACIÓN Y DISCRIMINACIÓN SEXUAL
Por otra parte, el representante de la CIG también denunció otras supuestas irregularidades que contiene el convenio ya que, según él, las fórmulas de contratación de trabajadores fijos discontinuos y fijos en plantilla "no fomenta la estabilidad" en el empleo al requerirse unas condiciones superiores a las que se derivan de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Además, consideró un "desprecio sin parangón" de las partes firmantes del convenio hacia los trabajadores, el hecho de hacer referencia "expresa" a los cónyuges de "distinto sexo" en el apartado de licencias (referido a los permisos de los que se puede gozar por motivos de salud de la pareja, entre otras causas), mientras que se omite el caso de las parejas y matrimonios homosexuales.
Según los datos de la CIG, el sector conservero español está formado por unas 12.000 trabajadores fijos y fijos discontinuos y tiene una eventualidad entre 35 y 40 por ciento. Galicia representa alrededor del 80 por ciento de este ámbito, con unos 7.000 trabajadores.
La representación sindical en la comunidad es muy homogénea entre los tres sindicatos, aunque en primer lugar se encuentra UGT, seguido de CIG, mientras que el último lugar se sitúa CC.OO. La central gallega aboga por un convenio autonómico al considerar que los de ámbito estatal están "corrompidos" y son ajenos a la realidad de los trabajadores.
