Pesca.- Transpesca presenta una querella criminal contra Noruega y critica que el Gobierno prime "otros intereses"

Actualizado 31/07/2006 17:22:57 CET

La empresa armadora garantiza que no dejará a los trabajadores "en la estacada"

VIGO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa armadora Transpesca, propietaria de los buques 'Arosa 9', 'Arosa 15' y 'Arosa 12', apresados por las autoridades pesqueras noruegas, presentó hoy ante la Audiencia Nacional y ante la justicia del país nórdico una querella criminal por detención ilegal y lamentó que el Gobierno español "posiblemente estime otros intereses" por encima de los del sector pesquero.

Además, el director-gerente de la empresa, Iván López, confirmó la presentación de la querella criminal contra la Guardia Costera y contra el Estado de Noruega, como responsable civil subsidiario, por los delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y contra la inviolabilidad domiciliaria.

Transpesca pidió de nuevo el amparo del Estado para poder hacer frente al aval impuesto por la justicia noruega y poder repatriar a los 12 tripulantes y los tres barcos que permanecen en el puerto nórdico de Tromsoe.

El director-gerente de la empresa, Iván López, explicó en rueda de prensa que, a pesar de las palabras de respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la actuación del Ministerio de Exteriores no defiende los intereses pesqueros, y señaló la posibilidad de que el Gobierno considere más importantes "otros intereses", como la construcción en Galicia de varias fragatas para Noruega, las inversiones de este país en acuicultura, o incluso la presencia de residentes noruegos en varias zonas del levante español.

Según López, el conflicto con Noruega "es algo más" que una cuestión de pesca, se trata de un "problema de ley internacional", y recordó que la aguas de Slvalvard son internacionales, por lo que a los gobiernos les interesa tener presencia allí, no sólo para pescar, sino para otras actividades, como la extracción de gas y de petróleo.

López reiteró la petición de la empresa al Gobierno, al que reclamó que "proteja a sus barcos" y permita acabar con una situación que calificó de "chantaje", ya que los tripulantes deben permanecer en Noruega para defender sus intereses, y la empresa paga los costes de esa defensa, la estancia de los marineros y la de los barcos en el puerto (a razón de 1.000 euros al día), con el riesgo de que si no abona esta cantidad, los buques pueden ser embargados y vendidos.

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Por otra parte, los responsables de Transpesca insistieron en que, hasta ahora, y a pesar de que no han podido liberar y vender las últimas capturas, que aseguran se encuentran "secuestradas", los marineros están cobrando "religiosamente", aunque reconocieron que pagar la fianza supondría un "grave quebranto" para la empresa, que este año tiene previsto facturar unos cinco millones de euros.

El presidente de la empresa, Ramón Fernández Tapias, señaló que la armadora seguirá defendiendo su postura y recordó que de ella dependen 112 familias. Del mismo modo se pronunció Iván López, quien destacó que la empresa "no dejará a los trabajadores en la estacada".

Asimismo explicó que Transpesca se hace cargo de la estancia de los doce marineros que se quedaron en Noruega, y anunció que acudirá a una asamblea convocada por la CIG en Marín el próximo miércoles, donde informará a tripulantes y familiares de la situación.

FIANZA "ABERRANTE"

Sobre los barcos apresados, el director de la armadora afirmó que la empresa aún no ha recibido por escrito ni la notificación judicial de la fianza "aberrante" de 3,6 millones de euros, ni los cargos que se imputan a los barcos, ni la multa definitiva que deberán pagar, una información que podría conocerse en las próximas horas.

Según los datos de capturas facilitados por la propia Policía noruega, el total de descargas de los barcos apresados asciende a 2.588 toneladas de pescado, de una cuota de 2.620, por lo que defienden que no se ha producido una situación de sobrepesca; en cuanto a la infradeclaración de dichas capturas, Transpesca asume que "hay un problema de libros" que, en todo caso, sería una falta administrativa.

Por otra parte, Transpesca insistió en que ninguno de sus barcos ha sido objeto de sanción anteriormente, a pesar de que llevan faenando en ese caladero desde 1988, al tiempo que recordó que, en situaciones similares, otros buques fueron multados con sanciones de 174.000 euros, una cantidad que nada tiene que ver con las cifras que se manejan ahora.

LAPSUS DE LA MINISTRA

En referencia a las declaraciones realizadas por la Ministra de Pesca, Elena Espinosa, atribuyendo la rebaja en la fianza impuesta (de 9,3 millones de euros a 3,6 millones) a la influencia del Gobierno español, Ramón Fernández Tapias recordó que ningún Ejecutivo puede influir en las decisiones que adopta la justicia, y menos de otro país.

En cuanto a esto, el director-gerente de la empresa calificó dichas declaraciones como un "lapsus" y reclamó al Gobierno español que sea "comedido" en sus manifestaciones, ya que, palabras como las de Espinosa "pueden provocar la nulidad de la causa".