SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El plan contra el fraude fiscal en el Ayuntamiento de Santiago en 2016 prevé recaudar casi 1,9 millones de euros con inspecciones a 1.430 contribuyentes, después de un año "atípico" en que el PP no lo aprobó, por, según Compostela Aberta, falta de "voluntad política".
Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa la concejala de hacienda, María Rozas, quien ha informado del plan que este viernes será analizado en junta de gobierno, y que el gobierno municipal lo entiende como una medida "de igualdad impositiva, justicia tributaria --para que todos los vecinos paguen igual-- y consolidación fiscal", al garantizar unos mayores ingresos sin tener que subir impuestos.
Según ha explicado la edila, la cifra que se cuenta con recaudar es similar a la de años anteriores, como 2014 y 2013, cuando también se rondaron los 2 millones.
Sin embargo, el equipo de gobierno espera llegar a esta cuantía pese a la caída de la construcción, algo al respecto de lo cual Rozas ha expuesto que ahora, para llegar a la "misma cuantía", es preciso realizar "muchos más expedientes" que en tiempos de la burbuja inmobiliaria, cuando había "más obras y por más importe".
Con todo, ha destacado que, con un dato parecido de inspecciones --esas 1.430 que se pronostica ejecutar este año--, la pérdida de recaudación motivada por la disminución de la construcción "se compensa con otros impuestos" sobre los que habrá control tributario: el impuesto de actividades económicas --que llevaba sin abordarse desde 2006-- y las licencias de obras mayores con valor superior a los 150.000 euros --será la primera vez que se examinen--
REGULARIZACIÓN CATASTRAL
A mayores, la responsable de hacienda ha informado de la regularización que llevará a cabo el catastro, para la cual el Consistorio detectó y notificó unos 200 inmuebles sin dar de alta, cuyo efecto cuantifica en 250.000 euros.
Preguntada por las críticas del portavoz socialista, Paco Reyes, la concejala le ha acusado de dar una "información errónea", ya que el Ayuntamiento "no tiene competencia" en este ámbito, y tampoco va "a cobrar intereses", ya que esto ni siquiera es "legalmente" posible.
