Subraya que Fomento sufragó 32 millones entre 2001 y 2005 al asumir el 7% de la rebaja en estos tramos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, destacó hoy que, si se tienen en cuenta los datos de tránsito por Rande y A Barcala en 2005, la Xunta pagará 2,7 millones de euros por la supresión de ambos peajes, una cuantía que que consideró "casi la misma" que el Gobierno gallego abonó el pasado año para sufragar las tarjetas de bonopeaje y que superó los 2,4 millones.
Durante su comparecencia en el pleno para informar sobre el transporte metropolitano en Galicia, Caride subrayó que los 200 millones que le costará a la Xunta la liberalización de los peajes de Rande y A Barcala son "muchos menos" que los 1.500 que costó la venta de Autopistas del Atlántico en 2003 por parte del anterior Gobierno gallego.
Así, sobre la financiación del acuerdo al que llegaron ayer Xunta y Fomento --este ministerio sufragará otros 200 millones--, indicó que el coste anual que el Gobierno gallego y el estatal tendrían que pagar a Audasa, concesionaria de la AP-9, se elevaría a 5,4 millones si se tienen en cuenta los datos de circulación por esas vías de 2005. De esta forma, cada administración aportaría 2,7 millones.
A esta cifra se le aplicó un descuento del 10%, que correrá a cargo del Ministerio de Economía y de la Consellería de Política Territorial, como compensación por la minoración de los costes de la concesionaria. Con el sistema del bonopeaje, la Xunta y las diputaciones de Pontevedra y A Coruña pagaron en 2005 una partida de 2,29 millones de euros en el caso de Rande y 189.000 euros en el de A Barcala. "La cuantía que abonaremos es casi la misma", indicó en referencia al acuerdo alcanzado ayer.
CRÍTICAS AL PP
Ante las críticas del PPdeG, que acusó a la Xunta de pagar con el dinero de "todos los gallegos" la liberación de los peajes, Caride advirtió de que esta situación se produce por la ampliación, en 2000, de la concesión al 2048 y la venta de esta autopista en 2003, que realizó el anterior Gobierno del PPdeG.
"Estas operaciones debieron aprovecharse para negociar la liberación de los peajes y para regular la carga que tienen que asumir Fomento", dijo en alusión a la rebaja de un 7% que este ministerio estableció en 2001 y que hasta el pasado año supuso una aportación de 32 millones a la empresa concesionaria. "Y eso que Fomento no tenía ninguna obligación de pagar esta liberalización", aclaró.
Además, destacó que la solución alcanzada en Galicia es "diferente" a la de otras autonomías, como Andalucía, donde la Junta asumió "íntegramente" el coste de liberación del tramo Jerez-Puerto Real de la AP-4.
La conselleira puntualizó que el acuerdo alcanzado ayer beneficiará a casi 10 millones de usuarios de vehículos ligeros, casi 200.000 vehículos pesados tipo 1 y 60.000 vehículos pesados tipo 2. En este sentido, indicó que se aprovecharán los tres millones de usuarios anuales que utilizaban el bonopeaje de Rande y los 900.000 de A Barcala.
Sobre la Autovía Pontevedra-O Confurco, indicó que se están incorporando alegaciones para presentar al proyecto final de impacto ambiental. No obstante, precisó que esta infraestructura está completada con "otra adicional" que es la Autovía Arcade-Vigo. "Servirá como alternativa al tráfico de la AP-9", aseveró.
CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES
Por su parte, el popular José Ignacio López Chaves, criticó que sea la Xunta la que tenga que asumir la mitad del coste de la supresión de estos peajes. Así, consideró que con los 200 millones que tendrá que sufragar el Gobierno gallego se podrían construir dos puentes más de acceso a Vigo o el 80% de la autovía Pontevedra-Vigo.
Por contra, socialistas y nacionalistas se felicitaron por el acuerdo de ayer y destacaron que es un "logro" del actual Ejecutivo gallego. Así, la nacionalista Carme da Silva destacó el trabajo realizado por los colectivos de la península de O Morrazo durante años. Por su parte, el diputado del PSdeG, Abel Losada, acusó de "cobardía política" al presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, por haber convocado una rueda de prensa paralela a la comparecencia de la conselleira ante la Cámara.
