Pleno.- Los grupos no logran consensuar "por la intransigencia de todos" una iniciativa sobre los plazos del AVE

Actualizado: miércoles, 5 abril 2006 16:29

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PPdeG, PSdeG y BNG no lograron hoy ponerse de acuerdo para aprobar una iniciativa en la que se inste a la Xunta a exigir que el Gobierno central cumpla los compromisos adquiridos para la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Galicia, debido a "la intransigencia de todos", según reconoció el diputado socialista Abel Losada.

El Grupo Popular presentó una proposición no de ley en la que se solicitaba al Gobierno central que dé prioridad a la tramitación del tramo de AVE Ourense-Lubián que conecta Galicia con la Meseta, para garantizar su puesta en servicio con doble vía electrificada en su totalidad en el año 2010.

Asimismo, solicitaban que se garanticen los tiempos máximos de conexión por AVE de las siete grandes ciudades gallegas con Madrid, que estaban comprometidos por el Plan Galicia. Una enmienda de sustitución socialista a la iniciativa del PP pedía igualmente que las ciudades gallegas dispusiesen de un servicio que haga ese recorrido con prestaciones de AVE en menos de tres horas.

La enmienda del PSdeG también exigía del Gobierno central máxima prioridad al tramo Ourense-Lubián para que se garantice su puesta en servicio en 2010, y añadía que en el corredor ferroviario entre Galicia y la Meseta se garantizasen las características técnicas de alta velocidad, con doble vía electrificada y de ancho internacional.

DESACUERDO

El diputado popular Carlos Negreira advirtió de que su grupo no aceptaría la enmienda si no se incluía el requisito de la doble vía para el tramo Ourense-Lubián antes de 2010. Tras negociar con los representantes del Grupo Socialista, Abel Losada, y del BNG, Carme da Silva, concluyó que no habían llegado a un acuerdo --pese a que definió la enmienda como "aparentemente buena"-- porque PSdeG y BNG "no quieren hablar de plazos".

Ante la justificación del portavoz de infraestructuras del PPdeG, el socialista Abel Losada pidió la palabra para rechazar esta acusación y sentenció que las causas del desacuerdo eran atribuibles a los tres grupos. "En todo caso, será por la intransigencia de todos", sentenció.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante el debate de la iniciativa, Negreira había acusado al PSdeG de querer cambiar desde el Gobierno los plazos comprometidos por el Estado para la puesta en marcha de las principales infraestructuras gallegas, especialmente del AVE de conexión con la Meseta. "Y ustedes están siendo cómplices", les espetó a los diputados "del BNG del Parlamento de Santiago de Compostela", ya que según él otros nacionalistas como Francisco Rodríguez no están de acuerdo con esta postura.

Por su parte, Abel Losada pidió a los populares gallegos que abandonen "las estrategias mediáticas y dejen de intentar engañar a la ciudadanía" con las infraestructuras, y les acusó de no haber hecho nada mientras estaban en el Gobierno, al menos hasta que ocurrió la catástrofe del Prestige. "Hicieron falta toneladas de petróleo y alguna cacería a destiempo para este cambio", subrayó.

Finalmente, Carme da Silva estuvo de acuerdo en que la Xunta "se implique en la planificación y control" de la ejecución de las infraestructuras, aunque desechó las acusaciones del PP al respecto de que los plazos no se mantengan. Según indicó, "lo que compromete no son los plazos, sino los presupuestos", y pidió que el asunto de las infraestructuras "deje de ser un arma arrojadiza de uso partidista".

LEY DE COSTAS

Por otra parte, la mayoría parlamentaria de diputados socialistas y nacionalistas votó en contra de una proposición no de ley presentada por el diputado popular Enrique López Veiga, en la que instaba a la Xunta a que se dirigiese al Estado para que, en menos de tres meses, reforme el decreto que desarrolla la Ley de Costas, de tal forma que se busque acomodo "a la situación de los núcleos rurales preexistentes de carácter tradicional de Galicia".

El ex conselleiro de Pesca pedía que la Xunta tuviese potestad para clasificar como tal a los núcleos que considerase convenientes, "ahora o en el futuro", y que se paralizasen los expedientes abiertos como consecuencia de la nueva Ley de Costas "hasta la resolución final tras la modificación de las normas anteriores".