Pleno.- El Parlamento pide que Galicia no reciba menos de 167 millones en los fondos miner para el período 2006-2012

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento acordó hoy por unanimidad instar a la Xunta a que pida al Gobierno "la aplicación estricta de la fórmula propuesta" en el borrador entregado a las comunidades y que, en cualquier caso, Galicia no reciba menos fondos miner de los previstos en este texto, que ascienden a 167 millones de euros para el período 2006-2012, como resultado de la pérdida estimada de 200 empleos en las comarcas de As Pontes y Cerceda.

La unanimidad fue posible gracias a que el PP se sumó a esta iniciativa propuesta por PSOE y BNG, a cambio de recoger el compromiso verbal -y que no figura en la proposición no de ley aprobada- de que la Xunta "hablará" con el Ministerio de Industria en su momento sobre la financiación del tramo Cabreiros-Vilalba, de la Autovía Ferrol-Vilalba, con un presupuesto estimado de 41 millones.

El diputado nacionalista Fernando Blanco Parga y el socialista Abel Losada coincidieron en denunciar que en el anterior plan para el período 1998-2005 "Galicia fue discriminada" e incluso el Ministerio de Industria reconoció que no percibió 140 millones que le correspondían.

Por ello, rechazaron que se quiera incluir ahora como criterio para el plan 2006-2012 la tasa de paro de las comarcas afectadas -además del de destrucción de empleo- porque perjudicaría a Galicia y penalizaría a las comunidades que mejor usaron los fondos, algo en lo que estuvo de acuerdo el parlamentario popular Angel Bernardo Tahoces.

Además, el diputado del PP reclamó que la Xunta se dirigiese al Ministerio de Industria y a los sindicatos UGT y CC OO para que se aceptasen los criterios de deterioro medioambiental y de dependencia del sector en las negociaciones, algo que rechazaron socialistas y nacionalistas.

Por otra parte, la Cámara autonómica también aprobó de forma unánime una proposición no de ley de BNG, transaccionada con el PSdeG, que insta a la Xunta a que elabore, con la máxima urgencia y de acuerdo con el resto de administraciones implicadas, una normativa que regule la prevención de riesgos laborales de los funcionarios al servicio de las policías locales de Galicia.