SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los grupos que sustentan al bipartito, PSdeG y BNG, rechazaron hoy la enmienda a la totalidad presentada por el PPdeG sobre la Ley de la Minería, en la que se recoge la posibilidad de regularizar las cerca de 270 explotaciones mineras, más del 50 por ciento del total, que funcionan en Galicia en situación de alegalidad.
De esta forma arranca el proceso de tramitación parlamentaria de la primera norma en todo el Estado sobre este sector económico desde que en 1973 si dictó la legislación básica. El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, defendió la necesidad de un marco que se adapte "a los tiempos que corren y a la realidad gallega". La minería representa alrededor del 2 por ciento del PIB gallego y da empleo a unos 20.000 trabajadores, recordó al justificar la creación de un marco legislativo propio.
La nueva ley reducirá en un 90 por ciento la superficie habilitada para realizar exploraciones y Fernando Blanco garantizó que esta actividad estará condicionada "por razones de prioridad ambiental". En este sentido, la norma incluye la creación de un cuerpo de inspectores que velen por su cumpliento.
Blanco explicó que será su departamento el que decida sobre la situación de los yacimientos no legales, y avanzó que lo hará basándose en un "escrupuloso control" de la ordenación territorial, y del respecto medioambiental y paisajístico. Además, puntualizó que se establecerá una mayor "transparencia" en la concesión de las explotaciones para evitar "la concentración en manos de pocos titulares" y la especulación.
CONSELLO DA MINARÍA.
Asimismo, el conselleiro apuntó que se creará un Consello da Minaría de Galicia, que funcionará como órgano colegiado que emitirá informes, y en el que participarán todos los agentes del sector, incluidos colectivos ecologistas y agrarios. Al margen de este organismo, anunció la puesta en marcha, con una inversión de más de un millón de euros, en los próximos meses de un Instituto Xeolóxico de la comunidad, aunque no se recogerá en esta ley.
Precisamente, el diputado 'popular' Ángel Bernardo Tahoces criticó que no se incluya en la norma y censuró el citado Consello da Minaría, del que cuestionó su "profesionalización". Con todo, justificó su rechazo al proyecto de ley en que "podría suponer un esfuerzo baldío" si el Gobierno central decide modificar la legislación preconstitucional vigente. "Estamos por el autogobierno, pero no por hacer esfuerzos inútiles", sentenció.
En cuanto a la situación alegal de las casi 300 explotaciones, Tahoces recordó que ya el anterior Gobierno intentó sin éxito su regularización "con un mecanismo casi igual al que proponen ahora". Por ello, abogó por la legalización automática de todas aquellas explotaciones que no estén en Rede Natura y que les falte sólo la licencia municipal, tramite del que carecen la mayoría de estos yacimientos.
EXPLOTACIONES ALEGALES.
"En 16 años tuvieron bastante tiempo para intentar legalizar estas minas", le replicó el diputado socialista Manel Gallego, que acusó a los 'populares' de presentar la enmienda a la totalidad con el objetivo de retrasar la norma, a pesar de "la imperiosa necesidad de regular el sector".
Por su parte, el nacionalista Fernando Blanco Parga citó las palabras del anterior conselleiro de Industria con el último Gobierno del PP, que afirmó en 2004 que Galicia "no puede estar a la espera de una modificación de la legislación estatal básica".
En este sentido, rechazó las reservas del Grupo Popular sobre la utilidad del proeyecto y recordó que el Ejecutivo de Manuel Fraga intentó antes de las elecciones sacar adelante unna ley de la minería, aunque no tuvo tiempo. A pesar de estas divergencias, los tres grupos y el propio conselleiro manifestaron su voluntad de alcanzar un consenso durante el debate en comisión.
COLEXIO DE ENXEÑEIROS QUÍMICOS.
La presidenta de la Cámara, Dolores Villarino, y los tres diputados que tomaron la palabra se felicitaron por la vuelta al debate parlamentario de Fernando Blanco, que recientemente fue sometido a una intervención quirúrjica que le mantuvo apartado de su actividad política.
Por otra parte, 'populares', socialistas y nacionalistas dieron luz verde por unanimidad a la creación del Colexio Oficial de Enxeñeiros e Enxeñeiras Químicos de Galicia. Los tres destacaron el consenso logrado y la apuesta por eliminar la discrimación por razón de sexo en este campo.