Pleno.- Los tres grupos aprueban la Lei de Transparencia tras incluir al personal eventual con cargos de confianza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos parlamentarios aprobaron hoy por unanimidad la Lei de Transparencia e de Boas Prácticas de la Xunta tras incluir una enmienda del PPdeG en la que se reclamaba la ampliación del ámbito de aplicación de esta normativa al personal eventual con cargos de confianza.

De esta forma, la ley también se hará extensible al personal eventual que, en virtud del nombramiento legal, ejerza funciones de carácter no permanente, "expresamente calificadas de confianza y asesoramiento especial" de los presidentes o directores generales de la Xunta u organismos, sociedades públicas o fundaciones dependientes de la Administración gallega.

Asimismo, socialistas y nacionalistas aceptaron también, tal y como pedían los populares, que se ampliara el ámbito de aplicación de esta normativa a los entes y empresas en los que tenga una participación mayoritaria la Xunta en materia de personal y contratación.

Además, PSdeG, BNG y PPdeG convinieron, a propuesta de los populares, incluir una artículo para que los organismos judiciales, Ministerio Fiscal y Valedor do Pobo tengan acceso al Rexistro de Actividades de Altos Cargos y al de Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos. Tras aceptar socialistas y nacionalistas estas cuatro enmiendas, los populares, que en un principio habían criticado esta legislación, retiraron las 18 restantes y se sumaron a esta nueva normativa.

Los tres grupos destacaron la importancia de esta ley por establecer un modelo caracterizado por "la transparencia, la información y la asunción de responsabilidades" por parte de los miembros de la Xunta. En este sentido, destacaron que se facilite la participación de los ciudadanos y su conocimiento de las actividades y bienes patrimoniales de los altos cargos del Gobierno gallego.

Esta normativa incluye el impulso a la administración electrónica, para permitir la tramitación de diversos procedimientos a través de la red, y la obligación de difundir las retribuciones del Gobierno, para garantizar el objetivo principal de la ley, la transparencia.

En consecuencia, una de las novedades más importantes será la proporción de "información constante y veraz" sobre la actuación del sector público, para que los gallegos accedan a todos los datos relacionados con los servicios públicos, su estructura orgánica y funcional, y a la localización de las unidades administrativas, así como a los conocimientos necesarios para tramitar los distintos procedimientos administrativos.

PAUTAS PARA LOS ALTOS CARGOS

Por lo que respecta a los principios de actuación de los miembros del Gobierno y altos cargos, reflejan la obligación de promover el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Además, no podrán implicarse en situaciones o actividades que sean incompatibles con sus funciones, al tiempo que se abstendrán de intervenir en asuntos en los que concurra alguna causa que afecte a su subjetividad.

Asimismo, sus retribuciones aparecerán en internet y se constituirá un Registro de Actividades de Altos Cargos y otro de Bienes Patrimoniales en los que se podrán consultar las correspondientes declaraciones, para hacer así realidad el objetivo reivindicado por Touriño de garantizar los "bolsillos de cristal". El contenido del primero de ellos se publicará en el Diario Oficial de Galicia y estará disponible en internet, mientras que el segundo se presentará anualmente en el Parlamento de Galicia.

Además, la ley establece que el tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos se restrinja a 'señor' o 'señora'; si bien no incluye medidas sancionadoras en caso de incumplimiento de estas pautas de conducta.

IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Asimismo, el Gobierno aspira a facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, para lo que reforzará la administración electrónica, uno de los pilares de la normativa, que establece que tanto cada consellería como cada unidad administrativa, organismo o ente público, disponga de una página web con toda la información.

También mejorará el funcionamiento de las oficinas de atención a los ciudadanos y aumentará el número de procedimientos que podrán tramitarse en soporte informático, así como la adopción de medidas pertinentes para que los interesados puedan conocer el estado de las tramitaciones informáticas. De igual modo, se ampliarán las funciones del registro telemático en el que los ciudadanos puedan presentar sus solicitudes a la administración.

AUTAS PARA LOS CONTRATOS

La Administración establecerá también programas anuales y plurianuales para definir objetivos concretos, las actividades y los medios necesarios para ejecutarlos, así como el tiempo estimado para su consecución. De igual forma, en los concursos públicos, la cesión de contratos o las subcontrataciones contarán con publicidad, junto con las razones que los justifican, la identificación de los beneficiarios y las condiciones de los acuerdos.

Por lo que respecta a los contratos adjudicados por concurso, la ponderación del precio como criterio de adjudicación del contrato no será inferior al 35 por ciento de la puntuación máxima que se pueda atribuir a las ofertas.

En cuanto a la actividad de fomento y del registro de las ayudas, subvenciones y convenios de la comunidad, cada consellería, organismo o entidad de derecho público dependiente de la Administración que emplee fondos públicos deberá publicar en su web una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que se convoquen en el ejercicio presupuestario, con indicaciones de los importes destinados y sus objetivos, el texto íntegro de la convocatoria y la concesión de estas ayudas en los cinco días posteriores a su notificación.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Por otra parte, los tres grupos también aprobaron hoy la proposición de ley para la protección, conservación y mejora de los ríos gallegos. Esta es la segunda iniciativa legislativa popular que obtiene el visto bueno del Parlamento en sus 25 años y que llegó a la Cámara avalada por 40.000 firmas.

Esta normativa solicita la declaración de prioridad de interés general para la conservación del patrimonio natural fluvial, que incluya la biodiversidad de flora y fauna de los ríos gallegos, así como el patrimonio etnográfico e histórico-cultural.