La población gallega en riesgo de pobreza bajó en 2022 al 23%, con 42.000 personas menos que el año anterior

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Algo más del 23% de la población gallega (23,6%) se encontraba 2022 en riesgo de pobreza o exclusión social, según la Tasa Arope, que baja desde el 25,2% registrado en 2021, lo que supone un total de 42.000 personas menos en esta situación.

   Así se recoge en el informe presentado por EAPN Galicia, 'O estado da pobreza en Galicia', que reconoce la mejora de los indicadores con base en 2022, pero que muestra su preocupación por la privación material y social de los gallegos -comer carne y pescado dos veces por semana o pagar suministros-- ya hacia finales del año y principios de 2023.

   El estudio se ha presentado este martes en la sede de la Valedora do Pobo, con la propia valedora, María Dolores Fernández Galiño, y con representantes de EAPN Galicia, concretamente con su presidenta, Ana Pardo, y su director, Xosé Cuns.

   Tal y como han explicado, la Tasa Arope (que reúne tres indicadores: riesgo de pobreza, baja intensidad laboral en el hogar y privación material y social) presenta para 2022 su tasa más baja de los últimos cinco años, una cifra 2,4 puntos inferior a la media nacional y 1,5 puntos menor respecto al año anterior.

   Así, más de 636.000 personas residentes en Galicia estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2022. Alertan de que continúa existiendo una brecha de género. Del total, 287.000 eran hombres (baja 1,8 puntos) y 348.500 mujeres (baja 1,3 puntos).

   Por edad, para el 2022, las cifras más elevadas corresponden a los niños y adolescentes, con una tasa que alcanza el 24,7%, aunque desciende "notablemente" respecto al año anterior.

   Si se establece una comparativa a nivel nacional, Galicia es la décima región con menor población en riesgo de pobreza, situándose así "en una posición media". La mayor tasa la presenta Melilla, con un 41,3% y la menor, Navarra, con un 14,5%.

POBREZA EXTREMA Y PENSIONES

   Dentro del indicador de riesgo de pobreza (en un 18% en 2022), han destacado el que cuantifica la pobreza severa (porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 560 euro mensuales por unidad de consumo). En Galicia se encuentra en el 6,8%, 2,1 puntos por debajo del dato nacional, y en descenso respecto al año anterior (dos puntos menos).

   Analizan también las pensiones gallegas. De las 770.119 que se reciben en Galicia, casi la mitad, un 47,4% recibe un importe inferior al mínimo considerado para no ser pobre. En términos absolutos, son 364.814 personas. Con todo, destacan la ligera mejora en las pensiones de viuvedad.

   Aunque los datos apuntan a un "ligero optimismo", como ha valorado Xosé Cuns, atisban "nubarrones" en lo que a privación material y social se refiere.

   Este indicador, dentro de la tasa Arope, mide 13 elementos entre los que se encuentran: no poder permitirse renovar ropa estropeada, no poder permitirse conexión a internet o no poder comer carne y pescado dos veces a la semana.

   A este respecto, en Galicia se produce un ligero aumento de esta tasa, alcanzando el 6,3% (170.000 personas). Es "especialmente preocupante" el incremento del porcentaje de personas que no pueden permitirse mantener una vivienda a una temperatura adecuada, que pasa del 13,1% de 2021 al 19,4% de 2022.

   También aumenta el porcentaje de gallegos que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, que pasa de un 24,7% a un 29,7%. Aquellos que no pueden permitirse una comida de carne o pescado cada dos días pasa del 2,1% en 2021 al 4,4% en 2022.

   "Escoger entre pagar la luz o el alquiler y comer adecuadamente, vuelve a ser clave par muchas familias", ha lamentado el director de EAPN.

   Por último, aumenta la población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes, sumando un 44,3%. Este dato encadena dos años seguidos de incremento.

EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES

   Tanto Cuns como Pardo han reivindicado el papel de las administraciones públicas para acabar con la pobreza y la exclusión social.

   Aseguran que, de no haber transferencias públicas (Estdo, Xunta y Ayuntamientos) en Galicia, en 2022 la situación de pobreza se ampliaría a casi la mitad de la población, alcanzado el 48,6%.

   Cuns ha citado, entre otros, el impacto (aunque con críticas a la comunicación y gestión) del Ingreso Mínimo Vital o los ERTE. Y a nivel autonómico, la decisión de mantener la Risga o la Tarxeta Básica durante la pandemia.

   Lo que está "frenando" los indicadores, ha señalado, es la dificultad para acceder a una vivienda diga y la eliminación de las medidas de urgencia autonómicas (tarjeta básica y Risga).

   Ana Pardo se ha expresado en los mismos términos, señalando que el compromiso "no se demuestra con palabras, sino en los presupuestos autonómicos y municipales". A este respecto, ha advertido de que si se relajan las medidas, podría producirse un empeoramiento de los indicadores.

   "El camino para reducir la igualdad nada tiene que ver con las políticas de austeridad. No hay una decisión económica objetiva y sí una decisión política errada en no aumentar los presupuestos autonómicos para medidas de urgencia para aumentar el acceso a productos básicos o la Risga. No hay razón objetiva para llevar 600 días incumpliendo la ley de impulso demográfico o para no asegurar la vivienda digna y accesible", ha afirmado.

   La presidenta de EAPN ha hecho un llamamiento para avanzar en la coordinación institucional, "imprescindible", y evitar las "acusaciones mutuas" de las administraciones, "evadiendo su responsabilidad compartida".