El PP acusa a Caballero de ser "cómplice" de la concesionaria y los arquitectos del Auditorio de Vigo

VIGO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ex alcaldesa de Vigo y portavoz del PP, Corina Porro, y su viceportavoz, José Manuel Figueroa, acusaron hoy al actual alcalde, el socialista Abel Caballero, de ser "cómplice" de la concesionaria y los arquitectos del Auditorio de Vigo, si admite un aumento del precio de la infraestructura de 69 millones de euros.

Así, en una rueda de prensa, ambos se refirieron a las declaraciones efectuadas por el regidor socialista ayer en las que achacaba "a la herencia del PP" el desfase de 69 millones de euros en el coste de la infraestructura, desde el proyecto inicial al definitivo que elaboraron los mismos profesionales.

A este respecto, Porro acusó al regidor de salvaguardar intereses privados de la empresa en vez de defender el interés general y afirmó que el PP "no va a tolerar que las mismas empresas lo suban 69 millones de euros", situación que consideró que haría "inviable" el proyecto.

En su comparecencia de ayer, Caballero dio a conocer un escrito de la empresa adjudicataria, Pazo de Congresos S.A., liderada por Sacyr y Caixanova, en la que no asumía el estudio arquitectónico presentado el pasado 16 de julio por los despachos de César Portela e Idom Ingeniería, en el que el presupuesto del proyecto pasaba de los alrededor de 85 millones de euros a casi el doble, unos 155 millones.

"Si sigue así, el alcalde es capaz de cargarse el proyecto en un tiempo récord", espetó la ex alcaldesa. Según añadió, éste "tendrá que explicar lo que hay detrás" de su posición en la que "admite que puede costar estos 69 millones más" y apuntó la posibilidad de que el objetivo del socialista sea el de convocar un nuevo concurso de adjudicación, ya que "a lo mejor no interesa" construir este equipamiento tal como se plantea, "pero sí hacerlo en otras condiciones", añadió.

TRAMITACIÓN "IMPECABLE"

También hizo un repaso por las tramitaciones del Auditorio-Pazo de Congresos y recordó que el proceso empezó en 1998, en el gobierno socialista de Carlos Príncipe, cuando se convocó un concurso de ideas que ganó el arquitecto César Portela. A partir de ahí, el resto del proceso correspondió a los populares, "a pesar de las zancadillas que puso el PSOE" a lo que añadió que en ningún momento tuvieron conocimiento de que existiese un sobreprecio.

De este modo, destacó que la adjudicación del proyecto a la empresa fue "impecable" mientras que Figueroa reforzó esta idea al decir que su expediente "es de los pocos que no tiene ningún tipo de recurso". Por ello, afirmó que si es cierto este sobreprecio, "alguien tendrá que tener responsabilidades penales".

Según Porro, "no se puedan tolerar tomaduras de pelo a los vigueses ni calumnias sobre el equipo de gobierno" por lo que destacó que si el alcalde "es cómplice de todo esto, es que hay cosas muy extrañas". En este sentido, Figueroa destacó que "alguien engaña a la ciudad y tendrá que dar explicaciones", al tiempo que recalcó que "el único que puede exigirlas es el alcalde".

Así, destacó que "se acabaron los mitos" y que tanto los arquitectos como la empresa concesionaria deberán dar explicaciones "se llamen como se llamen" sobre el aumento del precio, para buscar una solución que vio difícil. Así, afirmó que si los arquitectos aceptan el precio inicial de 85 millones, frente a los 155 de ahora, es que hubo un fraude, que se equivocaron antes o ahora", mientras que en el caso de que el alcalde logre resolver el problema y finalmente se rebaje el precio éste "habrá estado manipulando a la opinión pública".

PSOE

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSdeG, Carlos López Font, achacó la responsabilidad del problema actual a los "errores" del PP a la hora de adjudicar la obra, mediante dos concursos diferentes, ya que, por un lado concurrieron los arquitectos y por otro la empresas, y, según afirmó, los problemas surgen al "encajar la vía económica y el proyecto técnico".

López Font negó que el PSdeG "haya puesto zancadillas o tergiversado", ya que, para él, el origen del problema está en julio de 2004, cuanto la Consellería de Política Territorial firmaron un convenio para el concurso público.

Por ello, afirmó que si el proyecto resulta "inviable" será, según él, responsabilidad política del PP debido a que fue quien convocó y diseñó el concurso. "Por el bien de la ciudad espero que no ocurra una nueva adjudicación", agregó.

Asimismo, añadió que el anterior gobierno popular "engañó a la opinión pública" y se mostró seguro de que éstos "conocían esta situación y no lo dijeron ante la proximidad de las elecciones".

Al respecto, destacó que cuando la empresa pidió una prórroga para la entrega del proyecto arquitectónico cuyo plazo concluyó el lunes, cuando fue presentado, "deberían de haberse preguntado cómo estaba eso" en vez de referirse a los problemas con la aparición de roca en el subsuelo que "alegaron" en aquel momento.

Finalmente, López Font avanzó que el alcalde se reunirá mañana con responsables de la empresa y les presentará una "propuesta" en consonancia con sus manifestaciones de ayer, en las que afirmó que exigirá a la empresa que acometa la obra según los plazos y calidades estipuladas en el contrato.

BNG

Finalmente, el teniente de alcalde, el nacionalista Santiago Domínguez, lamentó que "en vez de soluciones haya un cruce de acusaciones que no llevan a ninguna parte" y pidió que "se dejen de verter acusaciones", al tiempo que demandó una oposición "constructiva" y que actúe con "respeto institucional" para colaborar en la búsqueda de una solución.

A pesar de que admitió que las condiciones presentadas por el arquitecto "son desfasadas", el edil nacionalista recordó que "no es la primera vez que ocurre en un obra pública", por lo que abogó por "no buscar alarmismos innecesarios". Finalmente, concluyó que empresa y arquitectos tendrán que sentarse para aclarar este desase y así "negociar entre todos" la salida al problema.