El PP dice que los grandes dependientes no cobrarán en 2010 y que Galicia recibirá 340 millones menos de lo preciso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Asuntos Sociales del PPdeG en el Parlamento, Marta Rodríguez Arias, denunció hoy que el Gobierno central "incumple" los plazos fijados por la Ley de Dependencia, según los cuales los grandes dependientes deberían haber cobrado en 2007, al tiempo que advirtió de que, en 2010, "no van a estar todos" recibiendo su servicio o prestación.

En rueda de prensa en Santiago, además, analizó la partida consignada por el Ejecutivo central en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la atención a la dependencia, y señaló que Galicia recibirá unos 340 millones menos de lo que necesita.

"El aumento total es de 422 millones", comparó, y tildó ese incremento de "claramente insuficiente dado el retraso que acumula" el pago de las ayudas. A mayores, del total de la partida --1.581 millones de euros--, la diputada del PPdeG calculó que Galicia recibirá "menos de 100 millones", frente a los 440 millones de euros que necesita.

Ante este escenario, consideró que "la ley que fue buque insignia" del Gobierno central "va hacia el ahogamiento financiero", puesto que las comunidades no están recibiendo el dinero que necesitan para aplicarla. En este punto, denunció que la Administración estatal "no está cumpliendo su parte", ya que la normativa establece que autonomías y Estado se harán cargo de los pagos a partes iguales, "pero Galicia está asumiendo el 80 por ciento".

A esta situación de "falta de suficiencia financiera", Rodríguez Arias sumó "un atraso de dos años y medio" en Galicia, que atribuyó a "la nefasta gestión del bipartito". "Creíamos que había 16.500 grandes dependientes, pero había 24.000 escondidos en un cajón", denunció, e insistió: "hicieron trampas en las cifras".

PLAZOS "IRREALES"

"No es el sistema fabuloso que presentó Zapatero, sino que es frágil y no cumple las expectativas de los dependientes", incidió la diputada popular, en relación con la ley de dependencia, y reiteró que los plazos que marca su calendario de actuación son "irreales" y "de muy difícil cumplimiento".

Por ello, interpretó que esta normativa "sólo crea frustración" en los dependientes y sus familias, que ven como la ley es "sólo papel mojado". Convencida de que el "modelo socialista no funciona", instó al presidente del Gobierno a "reflexionar" sobre si quiere "cumplir" o "seguir engañando a las personas dependientes".

"Presumen de aprobar leyes pero no ponen el dinero necesario", reprobó Rodríguez Arias, al tiempo que advirtió de que "no se pueden echar balones fuera" y hacer que "las comunidades cumplan lo que otros no cumplen". "Y los PGE no llegan absolutamente para nada", sentenció.

Frente a esto, la parlamentaria del PPdeG destacó el "esfuerzo sin precedentes" que está haciendo la Xunta para paliar esta situación, que es --según afirmó-- un "objetivo prioritario" para el máximo mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo. Así, subrayó el "recorte" en el tiempo para las valoraciones --de 12 a seis meses-- y la "reducción" de las personas pendientes de este trámite.

A mayores, aseguró que el Gobierno gallego destinó 28 millones adicionales para pagar este año a los grandes dependientes y avanzó que, en 15 días, entrarán en servicio 2.000 nuevas plazas de residencia y centros de día.

"NUEVO AGRAVIO"

Para el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, que compareció junto con Rodríguez Arias, los PGE son "una nueva mentira" de Zapatero, puesto que "se puede calificar de cualquier forma menos de solidarios". "Atacan a la clases más humildes", censuró, al tiempo que reprobó que "se deja en manos de las autonomías" el cumplimiento de la ley de dependencia.

Sobre la cuantía estimada para el pago a dependientes gallegos --unos 100 millones de euros--, defendió que se trata de "un nuevo chasco y un nuevo agravio" para los gallegos, puesto que Galicia necesita unos 440 millones de euros para este fin.

A mayores, Ruiz Rivas recriminó al Gobierno central que "regatee" y haga "política cicatera" con el gasto social, mientras que destina más de 36 millones de euros a "gratificaciones" a su personal y "atenciones protocolarias y representativas", tal y como publica hoy el diario 'La Razón'.