El PPdeG advierte de que no negociará propuestas como las del BNG porque "no son una reforma sino un nuevo Estatuto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG presentó hoy la ponencia sobre reforma estatutaria que debatirá en su congreso extraordinario del 14 y 15 de enero, y el autor del texto, Pedro Puy, aprovechó para advertir de que los populares no participarán en una negociación con otros grupos si en vez de una reforma del Estatuto de Autonomía actual se elabora un nuevo texto.

"Una propuesta como la del BNG, que no respeta un sólo artículo del Estatuto, no es una reforma, es un nuevo Estatuto", sentenció el relator de la ponencia popular, avanzando de esta forma que será difícil poner en marcha la ponencia parlamentaria para la reforma estatutaria con la participación de los tres grupos de la Cámara.

Para los populares gallegos, "respetar la Constitución no es un veto, sino una obligación", y por ello abogaron por preservar el marco constitucional como "la mejor forma" de defender los intereses de los gallegos y como "garante" del ejercicio del autogobierno en Galicia "y a la vez de la solidaridad entre todas las personas y territorios de España".

El que es uno de los vocales de la junta directiva del PP gallego recordó a este respecto que el grupo popular "es el único imprescindible" para abordar la reforma, que para salir adelante debe contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara gallega antes de que el proyecto pase al Congreso de los Diputados.

De todas formas, Puy aseguró que el PP llevará a cabo un "ejercicio de responsabilidad" para mantener el espíritu de consenso alcanzado en la elaboración de la Constitución Española, que es precisamente el marco legal al que los populares desean ceñir la reforma estatutaria. "Que la reforma sea constitucional es un requisito mínimo imprescindible", subrayó.

"Por eso pedimos una reforma consensuada del Estatuto que, sin suponer una ruptura o redacción 'ex novo' del actual, permita reforzar e incluso, de ser posible, extender el amplio consenso social existente en la actualidad al respecto de nuestro marco constitucional", reafirma en sus conclusiones la ponencia, que será debatida y sometida a votación entre los compromisarios populares.

CONSENSO ROTO

Pese a esa llamada al consenso, el propio Puy reconoció que en la actualidad "el concepto de consenso está en crisis", y aseguró que se abren debates sobre cuestiones que "quedaron resueltas" en la transición. Además, consideró que se está excluyendo al PP "de los grandes pactos" de Estado.

Por ello, abogó especialmente por "preservar el consenso entre las dos grandes fuerzas", aunque acusó al PSOE de ser "incoherente" al respecto del proceso de reforma estatutaria, ya que en el pacto de gobierno con el BNG en Galicia reconoce términos para definir a la autonomía que el grupo socialista ha enmendado en el Congreso en la negociación del Estatut catalán.

Además, otra de las incertidumbres que observó el redactor de la propuesta popular son las "posturas contradictorias" que según él mantienen PSdeG y BNG al respecto de la reforma. Por último, tampoco consideró alentador que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, solicitase al Consello Consultivo un dictamen sobre una reforma "de la que no se conocen sus términos".

REQUISITOS

El texto de la ponencia, titulada 'Constitución e Estatuto. Un marco de convivencia', y que aún está abierta a enmiendas, también recoge un cuarto requisito que el PP plantea para negociar una reforma, además de los ya citados de que se trate de una reforma y no un nuevo texto, que exista consenso y que se respete la Constitución.

Se trata de la necesidad de introducir "principios de racionalidad" en la reforma, ya que existen "ciertas cosas" que serían perjudiciales para Galicia, según los populares. Entre otras, "aplicar el principio de territorialidad al ejercicio de ciertas competencias", porque consideran que la descentralización de la caja única de la Seguridad Social o eliminar la capacidad del Estado para recaudar en todo el territorio serían dañinas para los gallegos.

Por la contra, apuestan en su texto por ampliar el autogobierno y lograr para Galicia otras 33 competencias, mejorar el funcionamiento de la conferencia de presidentes, reformar el Senado, perfeccionar los mecanismos de cooperación en España e impulsar actuaciones para que las comunidades autónomas participen en el Tribunal Constitucional a la hora de elegir a los magistrados que lo componen.

También se incluyen otras reclamaciones como el reconocimiento a instituciones como el Consello Consultivo o el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, reforzar la colaboración con la administración local, garantizar que se informe a Galicia de los acuerdos del Estado con la Unión Europea que afecten a la comunidad y "reflejar la existencia de un ámbito fiscal gallego", gestionado por una agencia autónoma que participe también con la Agencia Estatal Tributaria en la gestión de los tributos compartidos con el Estado.