El dueño de un club de Ourense niega haber obligado a una mujer a prostituirse

Actualizado: martes, 1 marzo 2016 19:54

   Alega que la denunciante pretende "los papeles" para legalizar su situación en España

   OURENSE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El propietario del club de alterne 'Dolce Vita' en A Gudiña (Ourense), N.M.C.R., ha negado este martes haber mantenido retenida contra su voluntad y obligado a prostituirse a una mujer de origen paraguayo, T.P., para que pagase la deuda que habría contraído en su país para viajar a España. De hecho, ha sostenido durante el juicio contra él en la Audiencia Provincial que la denunciante está buscando "los papeles" para legalizar su situación.

   Durante la primera jornada del juicio por prostitución, inmigración ilegal y amenazas, el hostelero negó todas las acusaciones; mientras que R.U.V., que está acusada por similares delitos como 'madame' cuando sucedieron los hechos, no se personó en la sala.

   Según el escrito del fiscal, los hechos tuvieron lugar entre febrero y marzo de 2010, después de que el propietario del 'Dolce Vita' hubiera ido a buscar a la denunciante a otro local en Murcia. En concreto, el Ministerio Público sostiene que los acusados, tras retirar el pasaporte a la mujer, la encerraron durante dos días en los que sólo le proporcionaron "agua" para obligarla a ejercer la prostitución.

   También asume el relato de T.P. sobre un enfrentamiento que mantuvo con la compañera sentimental del propietario y 'madame' del establecimiento, quien la golpeó, la insultó y llegó a amenazarla con un cuchillo. Fue ese momento, agrega, el que la denunciante aprovechó para romper la puerta del establecimiento. Ese episodio fue confirmado ante la jueza por N.M.C.R., aunque negó que se hubiera roto nada y la existencia de un cuchillo.

   Asimismo, ha rechazado que la denunciante estuviese retenida a la fuerza, pues "sólo estaba cerrada la puerta de acceso desde la carretera" pero "las otras estaban abiertas" para que las trabajadoras pudieran "entrar y salir cuando quisieran". De hecho, ha alegado que muchas de ellas viajan de forma habitual a A Gudiña para enviar dinero a sus países de origen.

"LA TÍPICA DENUNCIA"

   Siguiendo ese mismo hilo argumental, su abogado ha considerado el caso como "la típica denuncia" de una persona en situación irregular en España que encuentra "un flotador" al que agarrarse cuando se inicia un expediente de expulsión contra ella.

   Como base para ello, ha subrayado que la denuncia de T.P. no se produjo cuando sucedieron los hechos, en el primer trimestre de 2010, sino en diciembre de 2011, cuando fue localizada en un control rutinario en el club 'Witiza' de O Porriño (Pontevedra). "Casi dos años después", ha enfatizado.

   Para apoyar la versión del dueño del 'Dolce Vita', los testigos llamados por la defensa aseveraron que las puertas estaban abiertas y que las trabajadoras "entraban y salían" cuando querían. Además, J.H.G.S., excocinero del club, negó que se hubiese roto la puerta principal; y S.P. dijo desconocer si R.U.V. controlaba a las chicas.

   Por su parte, los agentes que instruyeron el caso indicaron que la denunciante les relató su llegada a España desde Paraguay a través del contacto con un traficante de personas llamado Ángel, y como, después de una primera etapa de trabajo en Murcia, recaló en el 'Dolce Vita'.

   Uno de esos funcionarios trasladó a la sala que la mujer explicó que se le había ofrecido alternar, animar a consumir copas y hacer labores de bailarina, pero que había recibido "amenazas y agresiones" para ejercer la prostitución.

14 AÑOS DE CÁRCEL

   Para el propietario del club, la Fiscalía pide un total de 14 años de cárcel. Tres de ellos se corresponden con el delito de prostitución, seis con el de inmigración ilegal y cinco, con el de detención ilegal. En paralelo, reclama el pago de una multa de 18 meses a cuota diaria de 12 euros. Enfrente, la defensa del dueño del establecimiento solicita su libre absolución.

   En cuanto a R.U.V., también requiere tres años de prisión y la misma multa por el delito de prostitución, pero reduce a cinco los años por inmigración ilegal. Añade un año y tres meses de condena por un delito de amenazas.