Los propietarios de una vivienda de realojo de O Vao, en Pontevedra, reconocen que traficaron con drogas en el inmueble

Actualizado: jueves, 18 junio 2009 19:49

Condenados los tres acusados a tres años y medio de prisión y a una multa de 15.000 euros

PONTEVEDRA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los propietarios de una de las viviendas que el Ayuntamiento de Poio (Pontevedra) demolió en el poblado gitano de O Vao reconocieron que traficaban con sustancias estupefacientes en el inmueble en que fueron realojados.

Así lo indicaron hoy el hombre, C.S.S., y las dos mujeres M.S.S. y M.A.J.G., detenidos en junio de 2007, después de que, en una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local de Pontevedra, se comprobase la existencia de esta actividad en el inmueble.

La chabola fue demolida unos meses después y sus habitantes realojados en el marco del Plan de Erradicación del Chabolismo e integración del colectivo gitano. En su día, este programa no fue bien recibido por vecinos de Pontevedra y Ponte Caldelas, quienes argumentaron que no querían tener por vecinos a personas que se dedicaban al tráfico de drogas.

En este caso concreto, la Guardia Civil y la policía realizaron en dos meses cerca de medio centenar de controles a otros tantos toxicómanos que, a cualquier hora del día o de la noche, se desplazaron desde diversos puntos de Galicia para comprar en esta casa droga destinada al autoconsumo.

Una vez contrastada esta actividad delictiva se procedió a registrar la vivienda de O Vao y un coche, donde se hallaron diversas cantidades de droga por valor de 13.000 euros; unos 50.000 euros en metálico procedentes de la venta de droga; y diversas joyas, mayoritariamente robadas, que los procesados aceptaban como pago por los estupefacientes.

CONDENA

Todo ello pasó al Fondo de Bienes Decomisados del Plan Nacional sobre Drogas, así como cinco coches de pertenecían a los acusados y que fueron comprados con dinero procedente de la venta de la droga.

Inicialmente, la Fiscalía pedía seis años de prisión, pero hoy un acuerdo propició una rebaja y finalmente fueron condenados cada uno a tres años y medio de prisión y a multa de 15.000 euros.