El PSOE denuncia al alcalde de Rairiz (Ourense) por no dimitir pese a estar inhabilitado

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los socialistas del municipio ourensano de Rairiz de Veiga han decidido llevar ante la Justicia la negativa del alcalde, Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio, a dimitir de su cargo pese a estar inhabilitado por sentencia judicial desde finales del pasado mes de junio.

   Así, este mismo martes han acudido al juzgado de lo Penal número 2 de Ourense para poner la situación en su conocimiento. En el escrito presentado, al que ha tenido acceso Europa Press, reclaman que se requiera al regidor que "cumpla la legalidad" ante la posibilidad de incurrir también en un delito de desobediencia.

   Y es que, según un comunicado de prensa del PSdeG, los seis ediles que acompañan al regidor le respaldan en su decisión de no convocar plenos ordinarios y, en lugar de ello, se limita a convocar sesiones extraordinarias, en las que la oposición --dos concejales socialistas-- no puede introducir ningún asunto.

   En este sentido, el portavoz del PSOE en Rairiz, Pablo Lorenzo, ha advertido de que existen "precedentes" de situaciones semejantes y que terminaron con la imputación "del alcalde y todos los concejales del grupo de gobierno por negarse a declarar la incompatibilidad" del primer edil.

OCHO AÑOS Y MEDIO

   En concreto, el regidor, que se presentó a las últimas municipales como cabeza de lista por el PP, fue condenado por el juzgado de lo Penal número 2 de Ourense a ocho años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada en la etapa en la que gobernó bajo las siglas del BNG. Al conocer la sentencia, contra la que cabe recurso, solicitó la baja temporal de las filas populares al igual que todo su equipo de gobierno.

   Ante esta situación, según el portavoz socialista en Rairiz, Rodríguez Ambrosio "tiene que dejar el cargo", puesto que le obliga la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) desde su modificación en 2011.

   Al respecto, la norma fija que "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, (...) por delitos contra la administración pública" son "inelegibles" y que esa situación es "incompatible con la condición de concejal". Conforme a la revisión del Código Penal aprobada este mismo año, la prevaricación se enmarca dentro de los "delitos contra la corrupción en el ámbito de la administración pública".