Salgado rechaza crear un fondo en los PGE para los ayuntamientos afectados por las bonificaciones fiscales de autopistas

Elena Salgado en el Senado
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 7 junio 2011 20:16

Pérez Bouza (BNG) pide al ministerio que busque una fórmula legal para acabar con estas exenciones

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha rechazado este martes la inclusión de una partida concreta en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año para compensar a los ayuntamientos afectados por las bonificaciones fiscales de las concesionarias de autopistas que pasan por estos territorios.

En respuesta a una pregunta del senador del BNG Xosé Manuel Pérez Bouza durante la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta, Salgado ha asegurado que el Ejecutivo "no debe nada" a las haciendas locales, ya que, según ha subrayado, "ha sido la hacienda del Estado la que ha tenido que subsanar en sus propios ingresos por la minoración de ingresos" que suponen las bonificaciones fiscales que corresponden a las concesionarias de autopistas.

"El Gobierno está cumpliendo con la legalidad y lo que dicen las sentencias del Tribunal Supremo: no constituye un principio clásico en nuestro sistema administrativo, fundado en la suficiencia financiera de los entes locales, que el Estado deba compensarles en todo caso y circunstancia por los beneficios que establezca sobre los tributos locales", ha explicado la ministra.

Así contestaba Salgado al senador del BNG, quien ha denunciado que estos beneficios fiscales de que gozan las concesionarias "pudieron ser entendibles y razonables en su día, pero hoy son un auténtico escándalo".

Según Pérez Bouza, en el caso de Audasa, empresa que gestiona la AP-9, que atraviesa Galicia de norte a sur, ésta "sólo paga el 5 por ciento" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos por cuyo territorio pasa. La merma de los ingresos en los municipios que atraviesa la Autopista del Atlántico alcanza los 5 millones de euros anuales, según los nacionalistas.

CUESTIÓN DE "VOLUNTAD POLÍTICA"

Aunque ha reconocido que el Estado "no está obligado a compensar" a estas entidades locales, el senador considera que "no siempre lo que es legal es lo más justo", por lo que ha preguntado a la vicepresidenta económica si su departamento ha buscado "alguna fórmula legal para terminar con esas bonificaciones fiscales de las que disfrutan las concesionarias de estas autopistas".

En su opinión, "es una cuestión de voluntad política para corregir esa deficiencia", por lo que ha insistido en que "no hay nada que impida al Gobierno dotar de un fondo en los Presupuestos que corrijan esta situación si considera que es injusta".

En todo caso, Pérez Bouza ha recordado a Salgado que el Ejecutivo ha "incumplido la promesa electoral" de reformar la ley de financiación local, la cual, a su juicio, compensaría este tipo de situaciones. Así, le ha pedido que pongan en marcha la elaboración de una nueva norma si no quiere que los ayuntamientos "acaben en bancarrota".

Como ya ha señalado en anteriores ocasiones, la vicepresidenta económica ha manifestado que la elaboración de una nueva ley de financiación local "sigue siendo un proyecto del Gobierno", pero que, "lamentablemente, no podrá llevarlo a cabo en esta Legislatura".