Un alto cargo denuncia "actitudes fraudulentas" de algunos médicos y un diputado del PP le insta a rectificar o que pedirá su cese
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Sanidade prevé controlar a los médicos que, amparándose en la objeción de conciencia, se nieguen a practicar la interrupción voluntaria de embarazos en los centros públicos del Sergas para que tampoco los hagan en los centros privados. Un alto cargo aludió hoy a "actitudes fraudulentas" por parte de algunos facultativos, lo que provocó que un diputado del PP pidiese que rectifique estas declaraciones o que solicitará su cese.
El director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Pablo Vaamonde, declaró hoy, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidade, Política Social e Emprego, que la consellería "tiene la voluntad" de que todos los hospitales "de forma progresiva" ofrezcan a las mujeres la posibilidad de someterse a abortos dentro de los supuestos legales. Asimismo, avanzó que "se hará un seguimiento" de la objeción de conciencia por parte de los facultativos, ya que en algunos casos puede incurrirse en "falsedad documental" si practican abortos en centros privados y no en los públicos.
Así lo manifestó en respuesta a una pregunta oral sobre las garantías de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, formulada por la diputada del BNG, Ana Pontón, quien se interesó por los datos actuales y por las medidas que prevé poner en marcha el nuevo Gobierno gallego. Además, la diputada nacionalista instó a avanzar en la regulación de la objeción de conciencia para que los facultativos que se niegan a practicar abortos en la red pública no los realicen en centros privados.
El alto cargo de Sanidade recordó que "el marco legal es el que es", en relación a que los abortos sólo están autorizados en tres supuestos, pero dijo que "deberíamos avanzar y abarcar otros tipos". Al margen de esta cuestión, expuso que la legislación en vigor es la de 1985 y, por tanto, este es "el terreno de juego en el que nos tenemos que mover".
"ACTITUDES FARISAICAS Y FRAUDULENTAS"
Vaamonde también expuso que en Galicia la nueva Administración sanitaria se encuentra en esta materia con "una herencia política de varias décadas de gobiernos del PP contrarios al aborto y sin medidas ni desarrollo de programas al respecto". Denunció también "actitudes farisaicas y fraudulentas de profesionales sanitarios que son objetores en la sanidad pública pero no en la privada".
Tras insinuar una "connivencia" del anterior departamento sanitario con esta desigual moral por parte algunos facultativos, el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas apuntó que, en los últimos años, hay dos hospitales en los que "todos los facultativos", tanto de Ginecología como de Anestesia, se acogieron a la objeción de conciencia. Reconoció que se trata de "un derecho", pero puntualizó que, según los datos disponibles, "entienden que fue realizada de una manera farisaica".
Según los datos provisionales facilitados hoy en la Cámara gallega por Pablo Vaamonde, el número de interrupciones voluntarias del embarazo practicados en Galicia en 2005 ascendió a un total de 1.763, de los que 172 en la red pública gallega y 1.561 en centros --privados-- acreditados. Así, apuntó que los abortos practicados en los hospitales públicos suponen casi el 10% del total y declaró que "la situación es manifiestamente mejorable y que hay mucho que trabajar".
ABORTOS EN "TODOS" LOS HOSPITALES
Para afrontar esta mejora, aseguró que la Consellería de Sanidade tratará, dentro del Plan de Atención Sanitaria á Mulller, de "facilitar" la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública y dentro de la legislación vigente. Vaamonde declaró que el departamento sanitario de la Xunta está "comprometido" con la salud integral de las mujeres, para potenciar su salud sexual y reproductora y para que puedan ejercitar su "derecho" a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del marco legal.
Para ello, expresó la "voluntad" de Sanidade de facilitar a las mujeres el acceso a los abortos dentro de los hospitales públicos. Declaró que "progresivamente" se introducirá la realización de interrupciones voluntarias del embarazo "en todos los hospitales de la red pública". Reconoció que por ahora no podrán practicarse abortos en todos los supuestos en la red pública, pero aseguró que se "facilitará" el acceso a los centros debidamente autorizados.
INSPECCIÓN
Pablo Vaamonde también aseguró que, a través de los servicios de inspección, "se hará un seguimiento de la objeción de conciencia" a la que se acogen los facultativos. Relacionó esta medida con el hecho de que que el profesional objetor en la sanidad pública y que sigue practicando en la privada "puede estar cometiendo una falta por falsedad documental", porque tendrá que firmar un documento para negarse a practicar abortos; incurre en responsabilidad deontológica y está realizando actos que están en pugna con los intereses del Sergas.
Al ser una pregunta formulada por el BNG, en la sesión sólo pudo intervenir la parlamentaria Ana Pontón, quien justificó su iniciativa en la demanda de información y también expuso la visión de su grupo respecto a "una regulación insuficiente" para la autorización de abortos y a la necesidad de normativizar el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de los facultativos.
PETICIÓN DE RECTIFICACIÓN
Sin embargo, una vez concluida la reunión de la comisión, el parlamentario del PP y médico generalita, Dámaso López Rodríguez, realizó unas declaraciones a los medios de comunicación y denunció la "gravedad" de las palabras del alto cargo de Sanidade en el que "sin dar nombres" criticó a los ginecólogos y a los anestesistas llamándolos "farisaicos" porque se negaban a hacer abortos en la sanidad pública y que sí los hacían en la privada.
Insistió en la "gravedad" y la "irresponsabilidad" de lo dicho por el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas y le pidió que "rectifique" y que "no ataque" a estos profesionales, salvo que tenga nombres concretos.
El diputado popular avanzó que, de lo contrario, su grupo parlamentario está dispuesto a presentar iniciativas y que él mismo solicitará a la conselleira de Sanidade, María José Rubio, "el cese" de este alto cargo".
