La Plataforma Galega polos Servizos Públicos da Dependencia denuncia las carencias y el trato que sufren los mayores en los macrocentros residenciales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las calles de Santiago de Compostela acogerán este domingo una manifestación en defensa de un nuevo modelo de atención a la dependencia y de cuidados a los mayores, para trasladar el "clamor" social ante las carencias que presentan los macrocentros residenciales que operan en el territorio, la falta medios y sus consecuencias en el trato que reciben sus usuarios.
La marcha, que se celebrará en la Alameda compostelana a partir de las 12,00 horas, está convocada por la Plataforma Galega polos Servizos Públicos da Dependencia, que busca visibilizar este gran problema que ya existía "antes de la pandemia", pero que la incidencia de la Covid-19 hizo brotar de forma notable, señala Paco Vizoso, de Modepen. "Tiene que haber una respuesta social ante esta situación y protagonizada por los sectores más amplios posibles", ha insistido.
Galicia cuenta con cerca del 90 por ciento de los servicios de atención a la dependencia privatizados, ha denunciado Pepe Bernárdez de Vellez Digna, a cargo de fondos de capital riesgo que a su vez se hacen con las plazas concertadas. Esta situación representa "una amenaza muy seria", ha considerado, al estar directamente vinculados al dictado de accionistas que buscan "maximizar el beneficio", aunque sea a costa de reducir la calidad de la atención y los medios.
"Estas empresas, pensando en el beneficio y en el ahorro económico, no cubren bajas de personal, días de permiso, ni cubren a un trabajador social cuando se va un mes de vacaciones... El servicio queda sin dar, pero cobrar si que lo cobran", ha señalado.
Al respecto, Maribel Barreiro (TRega) ha advertido de que se observa "un deterioro continuo del servicio" que se presentan en estos centros desde hace años. Casi todos están a cargo del "mismo grupo" (DomusVi), que ostenta "prácticamente el monopolio" y que mantiene residencias con condiciones dispares y con diversos problemas, en los que el denominador común suele ser la falta de cobertura de personal para atender a los usuarios.
Algunos de ellos cuentan con 45 auxiliares para 150 personas, en otros 30 o 35, ha añadido, además de insistir en la falta de condiciones dignas y su efecto directo en la atención y el servicio prestado a los mayores, que debe ser garantizado por el sistema público.
CONDICIONES DRAMÁTICAS
La situación es "dramática", ha insistido Vizoso, que apunta la "contradicción de fondo" entre los objetivos de las empresas y las necesidades de los usuarios. Esta realidad se vive, especialmente, en los llamados "macrocentros" residenciales con cerca de 150 usuarios, en los que "la economía de escala se aplica de manera muy evidente".
Entre las consecuencias de esta política, añade, ha mencionado desde la infantilización de los mayores, que son tratados como números, o los daños provocados por una excesiva inmovilización, como que España esta cuenta con casi un 10 por ciento de usuarios con casos de úlceras por presión (a la cabeza de los países de la OCDE en este indicador) o que se encuentra entre los países con mayor porcentaje de infecciones urinarias.
Vellez Digna lamenta, además, que todo esto se está produciendo con la "complicidad de la Xunta", que estableció "una especie de relación tóxica con estas empresas" a modo de "facilitadores" del interés privado en lugar de supervisar que se cumplan las condiciones laborales.
RECONOCER EL DERECHO
Asimismo, hay unos 5.000 gallegos en lista de espera que todavía no están recibiendo la atención que deben, casi 2.000 de ellos con un nivel de dependencia severa o gran dependencia reconocida. El plazo medio entre que se hace la solicitud y se resuelve la evaluación es de 367 días, han denunciado, aunque posteriormente todavía se tardan meses en recibir el servicio.
Por todo ello, las entidades que conforman la plataforma consideran necesario dar una respuesta social para defender que se cambie "radicalmente" el enfoque de la atención a la dependencia y de los cuidados, para que sitúen "firmemente como el cuarto pilar del Estado de Bienestar" y que sea considerado de facto un "derecho básico" de la ciudadanía.
