VIGO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Miembros de comités de empresa, delegados sindicales y trabajadores de los astilleros de Vigo han decidido este martes realizar encierros en sus respectivas empresas como última medida de presión antes de que, el miércoles, la Comisión Europea dé a conocer si habrá que devolver las bonificaciones relativas al sistema de 'tax lease' aplicado en el naval.
Las instalaciones de los astilleros vigueses, entre los que se encuentran Metalships, Vulcano, Freire, Barreras y Armón, están acogiendo a lo largo de este martes asambleas de trabajadores a iniciativa de CC.OO., CIG y UGT para abordar esta medida de presión, la cual secundarán miembros de comités de empresa y delegados sindicales, y que también está abierta a los operarios que quieran participar, según informan a Europa Press fuentes sindicales.
En los astilleros donde no hay actividad ya se han producido concentraciones a lo largo de la mañana. En los que hay carga de trabajo no se interrumpirá la actividad, si bien posteriormente se iniciará el encierro, que incluirá la noche y concluirá el miércoles, cuando se exponga la resolución de la Comisión Europea.
Una vez se conozca el contenido de la postura de las autoridades europeas, los sindicatos lo analizarán y estudiarán las medidas a desarrollar.
PROPUESTA INSUFICIENTE
Los representantes de los trabajadores insisten en demandar que no haya que devolver ninguna ayuda. En ese sentido, critican por "insuficiente" la última propuesta abordada por los jefes de gabinete de la Comisión, en la que se habla de devolución desde 2007 y no desde 2005 como se proponía hasta ahora desde Bruselas.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de naval de la CIG, César Rodríguez, censuró que "se esté dando vueltas a lo mismo", en alusión a pedir el reembolso de las cantidades, y señaló que "no se puede cargar a un sector con la devolución de unas ayudas de las que no son culpables ni los trabajadores ni las empresas".
El sindicalista estimó, además, que el reembolso de las bonificaciones desde 2007 supondría, en el caso gallego, unos 600 millones de euros.
Por su parte, el responsable del naval de UGT en Vigo, Diego Atanes, ha abogado por "esperar" a ver cuál es el posicionamiento que finalmente emite Bruselas. En todo caso, en declaraciones a Europa Press, también apuntó que la última propuesta conocida no es suficiente para el sector.
