Urbanismo de Sanxenxo (Pontevedra) pide autorización al juzgado para demoler parte de un edificio ilegal

SANXENXO (PONTEVEDRA), 20 (EUROPA PRESS)

La Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo ha solicitado la mediación del juzgado para proceder a la demolición de parte del edificio conocido como 'Boavista', situado en la zona turística de Portonovo, a raíz de la negativa de los propietarios de este inmueble construido de forma ilegal a que se ejecute la sentencia que decreta el derribo.

Sobre las diez de la mañana de hoy se personaron en el edificio la gerente de Urbanismo de Sanxenxo, el secretario, el interventor y un aparejador municipal, así como los responsables de Sercoysa, la empresa adjudicataria de las obras de demolición. El motivo era iniciar el replanteo de la parte del edificio que tiene que ser demolida, acto precisamente que "ya había sido comunicado a los propietarios del Boavista", según confirmó hoy el Ayuntamiento de Sanxenxo.

Sin embargo, "la negativa de los propietarios del 'Boavista', presentes en dicho momento, no permitió el acceso de los técnicos municipales al edificio", según explicaron fuentes del ayuntamiento, que recogió los hechos en el acta levantada por el secretario municipal.

Esta negativa llevó a la Gerencia de Urbanismo a solicitar al juzgado "la autorización para acceder al interior del 'Boavista', con el fin de replantear las obras de demolición parcial de dicho edificio", que fueron adjudicadas el pasado mes de enero. "Una vez que el Juzgado conteste -añade la Gerencia- se agilizarán al máximo los trámites para ejecutar las obras lo antes posible".

El proyecto de demolición estipula que la parte ilegal del edificio sea demolida desde su interior, empezando por la parte superior del inmueble, que se distribuye en siete alturas, es decir un bajo, tres plantas, y otras tres plantas en bajo cubierta.

La Gerencia ejecutará así "subsidiariamente la sentencia dictada en el año 96 por el Tribunal Supremo que obliga a demoler 1.079 metros cuadrados ilegales repartidos entre las seis últimas plantas", lo que supone que serán los propietarios quienes asuman el coste de la demolición, que asciende a 94.308 euros.

ANTECEDENTES

El caso se originó en mayo del año 1984, cuando el ayuntamiento concedió licencia a un particular para la construcción, en una parcela de 897 metros cuadrados, de dos viviendas apareadas de dos alturas distribuidas en bajo y planta. Sin embargo, el particular construyó un edificio de siete alturas distribuidas en bajo, tres plantas y otras tres plantas más en el bajo-cubierta, "todas en régimen de vivienda colectiva, lo que suma en total 1.798 metros cuadrados de edificabilidad, de los cuales 1.079 son ilegales", según el Ayuntamiento de Sanxenxo.

Tras diversos recursos presentados por el particular, en el año 1993, el pleno de la Corporación Municipal de Sanxenxo ratificó un acuerdo previo en el que se acordó desestimar las alegaciones presentadas por el interesado.

En el año 1996 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia que ordenaba la demolición de la parte ilegal del edificio que inmediatamente es recurrida en apelación por el particular.

El Tribunal Supremo y, posteriormente en última instancia el Tribunal Constitucional, desestimaron el recurso presentado y ratificaron la sentencia del TSXG. Tras varias negociaciones con los propietarios desde el año 2001, el Ayuntamiento de Sanxenxo decidió que fuese la Gerencia de Urbanismo la que procediese a la redacción del proyecto y ejecutase la demolición de la parte ilegal.