Vicepresidencia apuesta por dialogar con las instituciones implicadas para solucionar el problema y asegura que "no desatenderá a nadie"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Vicepresidencia de la Xunta denunció que la Deputación de Pontevedra "ha desatendido" y "abandonado" a 14 personas dependientes de la provincia que tenía a su cargo y cuyo tratamiento estaba costeando en centros de otras comunidades autónomas.
Así, en una carta remitida a este departamento el pasado 25 de enero, el presidente de esta diputación, Rafael Louzán, comunicó que, a partir del uno de enero, el órgano provincial "no consignará" en su presupuesto "ninguna cantidad" para continuar financiando el tratamiento de estas personas por "ser competencia" de la Vicepresidencia.
Una situación que afecta a 14 gallegos que padecen discapacidades especiales, deficiencias mentales, minusvalías, epilepsias o esquizofrenias y que se encuentran internados en centros especiales de cuatro comunidades autónomas. Así, seis de ellos se encuentran en Palencia, cinco en Yanes (Asturias) y uno de Ávila, Mérida y Tarragona.
Estas personas llevan viviendo en estas provincias desde los años 60 y 70, tras hacerse cargo la Deputación de Pontevedra del coste de su tratamiento por falta de plazas en Galicia. No obstante, el órgano provincial no ha abonado, aún, las facturas de dos pacientes ingresados en el Hospital San Luis de Palencia durante los últimos tres años y que ascienden a más de 100.000 euros -18.000 euros por persona y año-.
En declaraciones a Europa Press, el director xeral de Acción Social, Bieito Seara, subrayó que el coste del tratamiento de estas personas es una competencia "compartida" entre la Xunta y las diputaciones.
COMPETENCIAS DE LA DIPUTACIÓN
Según la Vicepresidencia en la Lei de Administraciones Públicas "queda claro que es una competencia irrenunciable que tiene que ejercer el órgano provincial". Asimismo, apuntó que la Ley de Bases de Régimen Local establece que las diputaciones tienen competencias, compartidas con el Estado, para la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción social. "También hay un Real Decreto de 1986 que recoge esta posibilidad", indicó.
Seara criticó las "formas" de la diputación al comunicar esta decisión y destacó la necesidad de dialogar con el órgano provincial y con las autonomías implicadas para intentar buscar "soluciones". "Estamos dispuestos a hablar, pero sin que haya caprichos políticos", aseguró.
En este sentido, subrayó que su departamento intentará hacerse cargo de algunas de estas personas, aunque aseguró que no va a ser posible el traslado de todos ellos a Galicia por la "situación especial" en la que se encuentran. "Muchos están integrados ya en las comunidades en las que viven, igual que sus familiares", apuntó.
Por ello, apostó por "negociar" con las autonomías afectadas, la diputación e, incluso, con otras consellerías de la Xunta, como Sanidade, para buscar soluciones "particulares" en cada caso. "Desde luego, no vamos a dejar a nadie abandonado como han hecho otros", concluyó.
