SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Xunta ha defendido que "vela de forma estricta" por el cumplimiento de las condiciones de la concesión que liga la explotación de la central hidroeléctrica de Santa Uxía, en el río Xallas, a la producción de ferroaleaciones en las plantas de Cee y Dumbría de la antigua Ferroaltántica, en la actualidad Xeal.
La Administración autonómica ha salido al paso al anuncio del comité de empresa de Xeal, que ha avanzado este miércoles la presentación de una denuncia judicial contra la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, el consejero delegado del grupo Ferroatlántica, Marco Levi, los administradores del fondo Ithaka Partners y el apoderado de Xeal.
Los representantes de los trabajadores han justificado que dan este paso "ante la pasivididad reiterada" del Gobierno gallego a la hora de "requerir a la empresa que cumpla con las cláusulas esenciales de las concesiones hidroeléctricas y las diferentes sentencias judiciales que avalan la vinculación de las actividades energética y de producción de ferroaleaciones".
En una respuesta facilitada a Europa Press, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade asegura que Augas de Galicia "vela de forma estricta por el cumplimiento de las condiciones de la concesión hidroeléctrica de Santa Uxía, vinculada a la no segregación de la actividad y al mantenimiento del empleo y de la actividad económica.
En este sentido, apuna que "la modificación solicitada por la empresa Xeal sobre la concesión hidroeléctrica de Santa Uxía ya otorgada, en tramitación a día de hoy, no implica en modo algún alteración de los condicionantes de la concesión impuestos desde los años 90 en relación con el cumplimiento de la cláusula de no segregación de las actividades de producción de energía eléctrica y de ferroaleaciones".
"Esa condición continúa siendo de obligado cumplimiento para la empresa y no solo en relación con el salto de Santa Uxía, sino también con las concesiones otorgadas en el río Xallas y Grande", remarcan estas mismas fuentes del Gobierno gallego, que subrayan su "firme compromiso con el estricto cumplimiento de las cláusulas concesionales" y que "en caso de advertir" su incumplimiento "actuaría para extinguir los derechos otorgados".
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