La Xunta elabora una 'Carta de Servicios' para garantizar los derechos a los usuarios de residencias de mayores públicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de las residencias para personas mayores de la red pública de la Xunta podrán reclamar sus derechos amparándose en una normativa legal gracias a la 'Carta de Servicios Sociales' elaborada por la Administración autonómica con el fin de establecer un marco de referencia de los derechos de los clientes, así como un compromiso de mínimos de calidad en estos establecimientos.

Así lo anunció hoy, en rueda de prensa, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, quien destacó que se trata de la primera vez que se elabora una "carta que reconoce los derechos" de los usuarios y que se implantará, una vez que pase la tramitación, en las residencias públicas de la Xunta y en las que prevé abrir la administración.

En este sentido, Quintana comentó que esta normativa pretende "corregir una déficit democrático importante" y transforma la "buena voluntad, que siempre hubo en las residencias, en derecho y obligación porque queda tipificado".

Esta 'Carta de Servicios' marca objetivos y establece instrumentos legales para que los usuarios reclamen sus derechos a través de un libro de reclamaciones con el que contarán todas las residencias de la red pública. Además, el vicepresidente aseguró que en un plazo "no superior a 30 días" los usuarios recibirán la "contestación adecuada" a su reclamación del centro directivo correspondiente.

Quintana insistió en que se trata de "convertir en obligatoriedad y derecho legal" que esos servicios se cumplan. Por ello, esta carta representa, según precisó, "un contrato con los usuarios" y sirve como "marco general de referencia" donde se reflejan los derechos de estos y los "compromisos mínimos de calidad" que asumen las residencias de personas mayores "en la prestación de servicios que ofrecen, así como las expectativas de ser satisfechas".

Entre los derechos de los usuarios, el vicepresidente de la Xunta apuntó el acceso a los centros, servicios, recibir asistencia sin discriminación, a un trato digno, al secreto profesional de la historia clínica, a recibir visitas, a un programa de atención individualizada, así como la intimidad personal y protección de la propia imagen, entre otros.

"La Administración se responsabiliza de ser el garante de ese derecho", afirmó Quintana, con el fin de que los asuntos sociales "pasen a ser un derecho y no una realidad paternalista". Este reto, según añadió, derivará en una "mejora" de la calidad asistencial, así como de la habitabilidad de estos centros de mayores de la red pública.

CULTURA DE LA EVALUCIÓN

El vicepresidente de la Xunta destacó, además, que esta 'Carta de Servicios' contempla también una "cultura de la evaluación" que la Administración "está obligada" a hacer, así como a autoexaminarse "todos los días".

De este modo, según explicó, se sabrán si los servicios se cumplen, se comprobará el número de actividades culturales y formativas, de ocio y de terapia ocupacional que se realizan, así como el número de residencias que participan en éstas, con el fin de "saber si se hacen con eficacia".