La conselleira do Mar revela que el bipartito ya había recurrido el fallo judicial que anuló su acuerdo del Consello de junio de 2006
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Mar está revisando alrededor de 22 expedientes para proyectos de acuicultura en Galicia previstos desde 2006, cuando el Consello de la Xunta de socialistas y nacionalistas modificó el Plan de Acuicultura del Gobierno Fraga. El objetivo de la Xunta, ahora, es buscar la "seguridad jurídica" para los posibles inversores en Galicia, debido a que tanto el plan de 2005 como el acuerdo de 2006 para modificar ese plan están recurridos ante la Justicia.
En declaraciones a Europa Press, la jefa de este departamento, Rosa Quintana, explicó que el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que fecha de febrero de este año (cuando aún gobernaba el bipartito), deja en una situación de 'impasse' a la acuicultura gallega, puesto que aunque hace válido el plan de 2005, éste también está recurrido.
Rosa Quintana reveló que fue "el bipartito" el que recurrió "el 17 de marzo" la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en la que se anula el acuerdo de junio de 2006. Por este motivo, la conselleira aseguró mostrarse "sorprendida" de que ahora la diputada del PSdeG Marisol Soneira le pida que "recurra el fallo", ya que --añadió-- "ellos lo recurrieron".
Actualmente, los servicios jurídicos de la Xunta, junto con Mar y Medio Ambiente, estudian "cómo solucionar" el vacío legal en materia de acuicultura, con el objetivo de "no perder otros cuatro años" para el desarrollo del cultivo, expuso la dirigente autonómica. "No podemos esperar a los fallos del Supremo o del TSXG, porque implicaría perder otros dos años", subrayó.
Así, además de la revisión de los expedientes, la Xunta ha mantenido diversas reuniones con el sector para mostrarles su intención de potenciar la acuicultura en Galicia, según recordó Quintana, quien rechaza la propuesta del diputado nacionalista Bieito Lobeira de partir de cero en esta materia.
MODIFICAR PERO MANTENER EL DE 2005
De hecho, Quintana afirmó, en declaraciones a Europa Press, que apuesta por mantener el Plan Acuícola de la época de Enrique López Veiga (cuando ella misma pertenecía a la consellería), pero "con las modificaciones que exige la Galicia de 2009", apostilló.
En este sentido, explicó que, entonces, la normativa vigente "no exigía" la declaración de impacto ambiental del plan acuícola, sino de cada uno de los proyectos que se presentasen. Precisamente, la ausencia de declaración ambiental está recogida en el fallo judicial, en que el magistrado advierte de la inexistencia del mismo, pero no juzga el hecho por no ser objeto del recurso.
Asimismo, Rosa Quintana reconoció que la posibilidad de instalar una piscifactoría en la misma zona donde tenía previsto hacerlo Pescanova cuando se suspendió el Plan Acuícola del Gobierno de Fraga se trata de una posibilidad "siempre abierta", aunque matizó que "la situación económica y las ayudas de fondos europeos eran unas y ahora son otras".
INDEMNIZACIÓN PESCANOVA
Por su parte, el responsable de Comunicación de Pescanova, Isaac González, recordó, en declaraciones a la Radio Galega recogidas por Europa Press, que existen dos recursos sin resolver, uno por la vía administrativa y otro por la judicial.
En el primero de ello pide una indemnización que alcanza los 38 millones de euros en concepto de varios factores, como la compra de terrenos. A este respecto, Rosa Quintana confirmó a Europa Press que la Xunta está estudiando el recurso de responsabilidad patrimonial correspondiente, ya que es la Administración la encargada de resolverlo.
SENTENCIA
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó el recurso interpuesto por la empresa Insuiña S.L. contra el acuerdo del Consello de la Xunta por el que el bipartito revisó el Plan Acuícola de 2005.
El fallo judicial se basa en que la Xunta de socialistas y nacionalistas eligió un procedimiento legal "no previsto" para subsanar el error (que es la falta de declaración de impacto ambiental que detectó el bipartito). Sin embargo, el magistrado no juzga este hecho, ya que no forma parte del recurso.
Así, el juez explica que la ausencia de la declaración de impacto ambiental "podría ser determinante para la nulidad de pleno derecho" del Plan Acuícola de 2005, es decir, que si faltaba este requisito y se demostraba, el proyecto de la época Fraga quedaría automáticamente sin efecto. Sobre este extremo, la conselleira incidió en que en 2005 "no era necesario" incluirlo.
Además, el juez recoge que la Xunta de socialistas y nacionalistas utilizó un artículo no previsto para ello (el 14 del Decreto 80/2000 de 23 de marzo por el que se regulan los planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal), en lugar de usar el artículo 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que implica un dictamen del Consello Consultivo.
De esta forma, el tribunal estimó el recurso interpuesto "contra el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 22 de junio de 2006, por el que se adoptaron medidas de revisión y modificación del Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la Costa Gallega" y "anula" este acuerdo del Gobierno bipartito. Esta sentencia es susceptible de casación por la nueva Xunta, gobernada ahora por el PP.
