La Xunta impone a los altos cargos un código de conducta para garantizar su "honestidad" y evitar conflictos de interés

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta pretende que la actuación de los altos cargos y los funcionarios públicos se base en la defensa de la objetividad y del interés general y, para ello, les obligará a cumplir con un código de buenas prácticas administrativas que garantice la "honestidad" en la práctica de sus responsabilidades y la ausencia de conflictos de intereses.

Se trata de una de las principales novedades de la Ley de Transparencia que el Gobierno gallego aprobará en el Consello de mañana, la segunda del bipartito, que cumple así con el compromiso del presidente, Emilio Pérez Touriño, de acometer una profunda "regeneración democrática" en el funcionamiento de la Administración.

Similar al elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas en el ámbito estatal, este código aspira a que los poderes públicos adecúen su actividad a los principios éticos de "veracidad y eficacia". A partir de esta ley, los criterios de actuación administrativa serán de obligado cumplimiento en base a parámetros de transparencia y accesibilidad, con la finalidad prioritaria de promover un comportamiento "dirigido a la satisfacción del interés general".

Para ello, la imparcialidad será la hoja de ruta de los empleados públicos, a quienes se les exigirá un criterio "independiente y ajeno a todo interés particular", con igualdad de trato y "sin discriminaciones injustificadas". Además, en su actuación profesional deberán hacer gala de la "máxima cortesía, diligencia y confidencialidad" y tendrán prohibido "remisiones a otras unidades".

No en vano, el objetivo primordial de la ley elaborada por la Consellería de Presidencia es el de acercar las instituciones públicas a los ciudadanos y garantizar que éstos perciban "eficacia" en el funcionamiento de la Administración.

SUSTITUIR OPACIDAD POR TRANSPARENCIA

De esta forma, la Xunta asume el reto de eliminar de la actividad administrativa la "inaccesibilidad y opacidad" que caracterizaba la forma de proceder del Gobierno anterior y que, a su juicio, "generaba desconfianza entre los ciudadanos". Como prueba, en el marco que aspira a implantar, la sociedad podrá controlar la legalidad de las decisiones de sus gobernantes y asumir así un "papel activo" en las mismas.

Para el bipartito, la participación de los gallegos en los asuntos públicos representa un "elemento fundamental" del nuevo modelo de Gobierno, "caracterizado por la transparencia, la información y la asunción de responsabilidades". "Una opinión pública informada contribuye a la definición de acciones públicas respetuosas con el interés general", sostiene el borrador de la ley.

Por ello, obligará a los funcionarios a "actuar de buena fe y con la diligencia debida" y a restringir sus tareas a la finalidad de su trabajo, evitando así cualquier acción que ponga en riesgo el interés público, el patrimonio de las administraciones o la imagen que la sociedad debe tener de sus dirigentes.

Así, la arbitrariedad queda eliminada de las tomas de decisión de los poderes públicos, que deberán también informar siempre de cualquier actuación irregular de la que tengan conocimiento. Además, tendrán prohibido intervenir en asuntos que afecten a su objetividad y no podrán aceptar regalos que "sobrepasen los usos habituales".

CONTROL A LOS ALTOS CARGOS

A mayores, el control social a la actividad de los altos cargos se extenderá a sus retribuciones económicas, que aparecerán publicadas en la página web de la Xunta, donde también figurará el contenido de las declaraciones de actividades, de obligada presentación, así como de los bienes de los miembros del Gobierno.

De esta forma, los ciudadanos podrán fiscalizar los conflictos de intereses de sus dirigentes, quienes tendrán prohibido intervenir en decisiones relacionadas con intereses privados propios, de familiares directos o compartidos con terceras personas.

Así, atentar contra esta norma constituirá falta grave y en caso de que de la intervención del alto cargo se derivasen ventajas personales para él o sus familiares hasta el cuarto grado por cosanguinidad o el tercero por afinidad, la falta tendrá la consideración de muy grave.

INFORMACIÓN RESERVADA

Además, la ley prohíbe a los altos cargos facilitar a los partidos políticos información de carácter no público de la que tengan conocimiento por razón de su cargo, y advierte de que incumplir esta obligación de reserva constituirá falta grave y será sancionada en función de lo establecido por la normativa de incompatibilidades.

La legislación sobre transparencia también aprovecha para regular el tratamiento oficial de los miembros del Gobierno en la relación de los ciudadanos con la Xunta y en su ámbito interno, que pasará a ser el de 'señor/señora', seguido de la denominación de su rango. No obstante, en las relaciones entre instituciones se mantendrá la reciprocidad en los tratamientos honoríficos tradicionales.

Para garantizar el cumplimiento de este código, el conselleiro responsable de administraciones públicas presentará anualmente al Consello de la Xunta un informe en el que consten las prácticas administrativas efectivamente seguidas y el grado de observancia de los principios éticos previstos en la batería de buenas prácticas. En caso de incumplimiento, la ley establece que el Gobierno adoptará las medidas oportunas.

PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Otro de los elementos fundamentales de la legislación que próximamente iniciará su trámite parlamentario es el que rige el funcionamiento de los procedimientos administrativos, en los que se debe garantizar instrumentos de información por medio de las páginas de internet de cada consellería o unidad administrativa.

Además, y en la línea de acercar estos procesos a los ciudadanos, en la notificación de las resoluciones se indicará siempre el nombre del funcionario que la asuma, así como una dirección de correo electrónico en la que el interesado pueda solicitar datos adicionales, que le serán respondidos por el mismo medio.

Por lo que respecta a los contratos, cada órgano publicará en su página web información acerca de las licitaciones, las bases de selección, el resumen de las ofertas presentadas, un cuadro comparativo de las ofertas económicas, las puntuaciones obtenidas por cada una, los motivos de las valoraciones otorgadas, los adjudicatarios y, en su caso, las modificaciones del contrato adjudicado.

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS

Además, cada consellería o entidad administrativa publicará en internet una lista actualizada de los convenios administrativos, así como el importe económico que suponga para las arcas autonómicas, el objetivo del convenio y la entidad destinataria de la prestación. Los casos de los plurianuales y los que impliquen obligaciones presupuestarias superiores a 150.000 euros requerirán la autorización del Consello de la Xunta.

Todos los departamentos del Gobierno tendrán que publicar inmediatamente las resoluciones de las convocatorias, con la relación de todos los beneficiarios de ayudas públicas, su importe y la identificación de la normativa que regule la subvención.

A mayores, el Tribunal Galego de Defensa da Competencia informará anualmente del impacto de las ayudas sobre la libre competencia, mientras que el Consello de Contas elaborará también cada año un informe especial en el que deberá analizar tanto sus aspectos económicos como el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.