El Ejecutivo gallego solicitará que la empresa que se haga cargo del edificio se comprometa a contratar a ex drogodependientes
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El comisionado del Plan Galicia sobre Drogas, Víctor Pedreira, anunció hoy que la Xunta de Galicia no solicitará la cesión directa del Pazo de Baión en su próxima adjudicación porque "no sería realista ni eficiente", ya que los costes de mantenimiento del edificio "serían elevadísimos".
En respuesta en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego a una pregunta del Grupo Popular, Pedreira auguró que en el próximo mes de abril será firme la sentencia judicial que decidirá el destino del Pazo de Baión, considerado "finca emblemática en las actividades de narcotráfico realizadas por las redes gallegas", según la sentencia de la Audiencia Nacional que indica que la venta del inmueble debe revertir en la prevención, rehabilitación e inserción de los toxicómanos.
El comisionado del Plan Galicia sobre Drogas explicó hoy que la posibilidad de destinar el pazo al uso directo para terapia de drogodependientes sería una posibilidad "romántica y robinhoodiana", pero sentenció que "no es la más sensata desde el punto de vista racional".
Así, cuando la Mesa de Adjudicaciones --presidida por la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas--, pida a la Xunta su opinión antes de tomar la decisión definitiva sobre el Pazo de Baión, los responsables del Ejecutivo gallego no solicitarán la cesión de la instalación, aunque sí exigirán "que se tenga en cuenta la especial significación del pazo para la sociedad gallega".
En ese sentido, la Xunta pidió que se condicione la adjudicación para que la empresa beneficiaria "se comprometa a favorecer la empleabilidad de los ex drogodependientes". Además, solicitarán que se tenga en cuenta "el carácter simbólico" del pazo para que Galicia obtenga "ventajas" en el fondo estatal para el Plan de Drogas, que de todas formas debería mantener su carácter "solidario", según Pedreira.
ENAJENACIÓN DE BIENES
El responsable de la lucha contra la droga en Galicia explicó que, hasta ahora, la Mesa de Adjudicaciones suele enajenar los bienes decomisados a los narcotraficantes para "lograr liquidez" y financiar con ese dinero proyectos de atención a los drogodependientes y el fondo de lucha contra el narcotráfico, del que Galicia recibió el pasado año 285.000 euros para dos proyectos.
De todas formas, Víctor Pedreira indicó que "en ocasiones excepcionales" el Estado cede los bienes enajenados a entidades de lucha contra el narcotráfico que solicitaron su cesión, aunque "no es habitual que acepte estas propuestas porque el Estado mantiene la titularidad y los gastos".
En ese sentido, consideró que con el Pazo de Baión sucederá del mismo modo, aunque dijo desconocer si alguna asociación tiene previsto solicitar la cesión directa. "Pero no parece que vaya a ir por ahí las cosas", remachó.
Por su parte, el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda avanzó que su grupo tampoco solicitará que se pida la explotación del pazo, aunque si se mostró partidario de que una parte de los inmuebles se destinen a la reinserción de los drogodependientes. Finalmente, instó a la Xunta a mantener un "contacto permanente" con Madrid para conocer cuanto antes la resolución final de la sentencia.
El Pazo de Baión, situado en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa, fue embargado en 1995 a Laureano Oubiña y a su esposa. En el año 2002 la Audiencia nacional decretó de oficio el decomiso de la finca y se lo adjudicó al Estado para ser usado en programas de prevención, rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes, aunque la falta de precedentes en la materia retrasó la ejecución de la sentencia definitiva del pazo, dictada por el Tribunal Supremo.
ASISTENCIA PEDIÁTRICA
En la Comisión de Sanidade también intervino el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Pablo Vaamonde, quien aseguró que "no se registraron problemas asistenciales" en la toma de posesión de los facultativos de Atención Primaria, como consecuencia del proceso de consolidación de empleo.
Vaamonde indicó que se había llevado a cabo "un trabajo extraordinario" y rechazó las acusaciones del diputado popular Miguel Santalices, quien aseguró que se habían producido problemas en la asistencia pediátrica.
El responsable del Sergas reconoció "detalles puntuales" y explicó que se adoptaron "soluciones temporales" en los casos de pediatría. Y sentenció que "no hay ningún tipo de déficit asistencial en la atención pediátrica", por lo que pidió a Santalices que felicitase al Gobierno por "reducir la tasa de interinidad entre el personal de atención primaria".
"Al que hay que felicitar es al PP por iniciar el proceso, y hay que lamentar que no pudiera finalizarlo", respondió el parlamentario popular, que fue acusado por Vaamonde de ser "fiel a su estilo" en el uso de la "mentira y la difamación".
