La Xunta pretende resolver las expropiaciones forzosas en tres meses para agilizar "al máximo" los pagos a los afectados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta pretende agilizar las expropiaciones efectuadas por el propio Gobierno gallego, por las Diputaciones provinciales y por los ayuntamientos, y, para ello, ha creado un Jurado de Expropiación de carácter autonómico que aspira a fijar el precio justo de estos procesos en tres meses y resolver con la "máxima rapidez" los pagos a los afectados.

Este nuevo órgano colegiado independiente, que ya aparece recogido en el Estatuto de Autonomía de 1981, se constituyó hoy en un acto presidido por el titular de la Xunta, Emilio Pérez Touriño; en el que tanto el jefe del Ejecutivo como la conselleira de Política Territorial, María José Caride; y la presidenta del jurado, Julia Chamosa; coincidieron en que la puesta en marcha de esta instancia supone un "momento histórico" para Galicia.

En sus respectivas intervenciones, los tres destacaron las nuevas garantías que se ofrecen para contar con instrumentos administrativos que "darán respuesta a las demandas de mayor eficacia" y defenderán los derechos de la ciudadanía.

El jurado está especializado en los procedimientos para fijar el precio justo de las expropiaciones y cuenta con representación de instituciones, colegios profesionales y la propia Administración, que aportan técnicos que tendrán el cometido de establecer cantidades "objetivas, justas y dentro de plazo", según avanzó Julia Chamosa.

FUNCIONAMIENTO

El organismo está compuesto de tres secciones, la Primera, de suelo urbano, núcleo rural, urbanizable y edificación; la Segunda, de suelo rústico; y la Tercera, de actividades industriales y económicas; las cuales, una vez que el jurado reciba los expedientes de la institución expropiante, elaborarán las propuestas en función de las pruebas y alegaciones que se hayan incorporado.

Una vez elevado este documento al pleno del jurado, el trámite se resolverá en el plazo de tres meses para, posteriormente, serle comunicado a las partes, que pueden interponer un recurso de reposición ante el propio jurado, o directamente un recurso contencioso-administrativo.

En su intervención en la presentación de hoy, el presidente de la Xunta celebró que 25 años después de la promulgación del Estatuto "se concrete y dé luz" a este organismo, ya que "Galicia acumula un serio problema" en cuanto a la dilatación de los expedientes y los consiguientes efectos en el "respeto a los derechos de la ciudadanía".

EFICACIA Y RAPIDEZ

Para solucionarlo, este órgano "especializado y estable" permitirá, según él, "ganar eficacia y celeridad" y mejorará la relación entre los ciudadanos y el Gobierno autonómico. Además, destacó que este impulso a la "calidad democrática" debe erigirse como la mitad de un "binomio" que debe completarse con las "máximas garantías de seguridad" en las carreteras gallegas.

Touriño definió como "deuda histórica, ésta sí", la que el Gobierno autonómico tiene contraída en cuanto al pago de las expropiaciones, 18,5 millones, según datos de Política Territorial. "No quiero acumular más deudas, por eso tenemos que recuperar el crédito necesario ante la ciudadanía" con el organismo constituido hoy, declaró.

Asimismo, se comprometió a activar medidas para reducir la siniestralidad viaria y avanzó que, el próximo mes, la consellería de María José Caride firmará el convenio para poner en marcha el Plan de Seguridad Vial. "Debemos trabajar sabiendo que la mejor forma de devolver la confianza a los ciudadanos es con obras bien hechas, no con escritos ni primeras piedras que sólo buscan el lucimiento", sentenció.

DEUDAS

Por su parte, la conselleira suscribió que los pagos pendientes constituyen "una deuda con el pueblo gallego" y confirmó que los 18,5 millones pendientes corresponden a más de 3.500 expedientes dilatados desde hace más de una década.

Al respecto, avanzó que su departamento trabaja desde noviembre para intentar culminar el mes que viene el pago de 14 millones correspondientes a documentos acumulados antes de diciembre de 1998 y añadió que, posteriormente, se encargará de los 4,5 millones restantes de los expedientes tramitados después, sobre los que ya exista sentencia judicial y no haya posibilidad de recurso.

María José Caride explicó también que, con la constitución del nuevo jurado, el precio justo de las expropiaciones se establecerá en tres meses y, una vez fijado, en caso de que el afectado no lo acepte, Política Territorial consignará el dinero en la Caja General de Depósitos para no tener que pagar intereses.

CAMBIO INTEGRAL

La titular de Política Territorial se comprometió a dar un vuelco a la dinámica precedente, caracterizada por la "lentitud" de los jurados provinciales --dependientes del Estado-- en la tramitación de los expedientes, con esperas de hasta cinco años, ya que "con esta realidad, es muy difícil contarle a los vecinos que una administración es ágil".

En consecuencia, reivindicó su "decisión por agilizar" las expropiaciones y garantizar la "fiabilidad" de los precios para que, una vez fijados, el expropiado "tenga las compensaciones lo más rápido posible" si acepta la resolución.

Además, María José Caride prometió que los pagos incluirán "el menor coste posible" en lo que respecta a "los juros de los juros" ya que, según ella, "los ciudadanos no tienen por qué pagar el progreso".