PSOE y BNG acusan a Mar de actuar como una "gestoría administrativa" y le exigen soluciones para los más de mil barcos afectados
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Consellería do Mar solicitará formalmente "en los próximos días" al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) que "habilite" un nuevo proceso de regularización al que puedan acogerse todas las embarcaciones gallegas que no podrán completar el actual y que, según sus datos, representan el 60 por ciento de la flota artesanal. Su objetivo es evitar su baja del Censo de Flota Operativa y del Registro de Buques y, por tanto, que no puedan faenar.
En su petición incluirá la demanda de que se "tenga en cuenta" todo el proceso realizado hasta la fecha a fin de que sea "lo menos gravoso posible" para los armadores.
Así lo ha manifestado el director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Maneiro, quien compareció en la comisión parlamentaria de Pesca e Marisqueo para detallar el estado de tramitación de expedientes derivado del proceso de regularización de la flota, que finalizará el 24 de octubre tras expirar las dos prórrogas de seis meses --cada una-- solicitadas por el Gobierno gallego.
El alto cargo del departamento de Rosa Quintana ha alertado de que 1.142 expedientes han sido informados desfavorablemente por la Secretaría General del Mar, que, además, se suman a las 397 solicitudes rechazadas inicialmente --de las 2.440 totales presentadas en la comunidad--, según Maneiro Cadillo.
De los 2.043 informes remitidos a la Xunta por el gabinete de Juan Carlos Martín Fragueiro, 901 fueron informados favorablemente y 1.142 no --representan el 56 por ciento--. De las embarcaciones rechazadas, 41 no necesitaban ser regularizadas; 571 se sometieron a un proceso anterior y quedan, como ha expuesto el director xeral, en una situación de "limbo administrativo"; y otras 530 deben aportar bajas --por cada baja del mismo puerto se pueden beneficiar un máximo de diez armadores--.
MENSAJE "DE TRANQUILIDAD"
Pese a esta perspectiva, el titular de Competitividade ha insistido en trasladar un mensaje "de tranquilidad" a la flota artesanal --en su mayoría las embarcaciones afectadas son de pequeñas dimensiones y se dedican al marisqueo o la recogida de percebe-- y ha reiterado el "compromiso firme" de la Xunta de "no permitir" que "ninguna" de las embarcaciones gallegas que no supere el proceso tenga que abandonar la actividad pesquera.
"La Xunta considera que en el momento económico y social que estamos viviendo no es ni siquiera planteable la pérdida de ninguna de las unidades pesqueras inmersas en el proceso de regularización", ha repetido. Al respecto, ha recordado la "disposición" mostrada por Martín Fragueiro a "estudiar" la situación en la que queden las embarcaciones, aunque "una vez finalizado" el actual proceso.
El secretario general del Mar ha prometido, según Maneiro, "buscar soluciones apropiadas". "Sin concretar más", ha añadido el director xeral, quien ha atribuido el riesgo de que el 60% de las embarcaciones queden fuera del proceso a, en unos casos, una interpretación "muy restrictiva" del MARM, que considera como proceso de regularización una "instrucción de servicio" efectuada en 1999. En esta línea, también ha destacado la "imposibilidad" de los armadores de encontrar en el mercado toda la potencia que necesitan.
"GESTORÍA ADMINISTRATIVA" Y "SURREALISMO POLÍTICO"
El portavoz de Pesca del BNG, Bieito Lobeira, ha tachado de "surrealismo político" la intervención del director xeral, que ha considerado "inaceptable" por interpretar, al igual que su homóloga del PSdeG, Marisol Soneira, que Maneiro Cadillo habló como "un gestor administrativo" cuando es un "cargo político". Ambas formaciones han exigido al departamento de Quintana que busques soluciones y no actúe como una "gestoría administrativa".
El diputado nacionalista ha recordado que el PP y el PSOE aprobaron en Madrid la actual normativa --en base a la que se realiza el proceso de regularización--, la Ley 9/2007 de 22 de junio. "Ahora vienen los lloros y lamentos sobre lo que significa la aplicación práctica de un marco legal demencial", ha censurado, para criticar que una legislación elaborada en Madrid se convierta en un "problema gallego".
"Más de 1.000 embarcaciones van a quedar en el limbo administrativo", ha lamentado, al tiempo que se ha preguntado sobre cuál es la "alternativa" de la Xunta, a la cuyos responsables ha acusado de "echar balones fuera" y tener el "triste" y "miserable mérito" de ser los "verdugos de la flota pesquera de bajura".
Por ello, ha confiado en que Mar admita los recursos de los armadores afectados y ha afirmado preferir que se produzca un "conflicto" entre la Consellería y el Gobierno central a que las embarcaciones queden fuera del proceso.
A su vez, el director xeral ha preguntado a Lobeira si trata de que la Xunta "vaya contra la ley". "¿Nos están incitando a la insumisión?", le ha cuestionado para volver a defender que se solicitará un nuevo proceso.
CONTRA EL "REALISMO FANTÁSTICO"
Al respecto, la parlamentaria socialista ha vinculado el actual proceso a la necesidad de que la "realidad legal" coincida con la "formal", al sostener que existen en Galicia casos de "realismo fantástico" porque algunas embarcaciones tienen unas determinadas medidas en su hoja de asiento, pero en realidad cuentan con otras distintas "cuando entran por el puerto".
En relación a la intervención del director xeral, ha interpretado que realizó un "relatorio propio de un funcionario" con una mera exposición de los datos objetivos. Así, le ha reprochado a Maneiro Cadillo que si la Xunta no consideraba la instrucción de 1999 como un proceso de regularización no haya presentado un recurso.
También ha responsabilizado al titular de Competitividade e Innovación Tecnolóxica de no haber presentado "ningún papelito" en el que se informase a la Administración central de "cuál era el estado real de la flota".
A este respecto, Maneiro le ha reprochado a los socialistas gallegos que no buscaran soluciones entre la aprobación de la ley, en junio de 2007, y el momento en el que abandonaron el poder en Galicia, mayo de 2009. En su opinión, "contaban con perder las elecciones" y su objetivo fue "dejar este paquete a los siguientes".
Por su parte, el portavoz de Mar del PPdeG, José Manuel Balseiro, ha asegurado no comprender cómo el Gobierno central usa este proceso "como arma contra la flota artesanal gallega" y ha vinculado su situación a la "falta de voluntad" del Estado a "solucionar las causas de estos problemas".
