Relacións Exteriores ve "inadmisible" el centralismo del Estado en la gestión de los recursos de cooperación transfronteriza
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de Relacións Exteriores de la Xunta, Santiago Gómez-Reino, atribuyó hoy los 70 procedimientos de infracción que Galicia tiene abiertos en la Unión Europea (UE) a que, hasta ahora, la Administración "no se tomó en serio" el cumplimiento de la normativa europea.
En su intervención en la Comisión Institucional del Parlamento, en la que compareció para informar de las líneas de actuación de su departamento, Gómez-Reino recordó que el Tribunal de la Unión Europea (TUE) impuso recientemente dos sanciones a la comunidad por no respetar el Derecho comunitario y añadió que Galicia "pagará muy caro" no acatarlo.
Así, explicó que cuando tomó posesión de su cargo encontró 70 procedimientos abiertos que "afectan a todos los sectores de la economía de Galicia" y, en consecuencia, incidió en que la estrategia de su secretaría al respecto aspira a "parar los golpes antes de que se produzcan".
En este sentido, destacó que las maniobras de "prevención" de su Gabinete aspiran a reconducir una situación "heredada" puesto que, "desde que el PSdeG y el BNG están en el Gobierno, no se ha abierto ni un procedimiento". A su juicio, esta evolución "tiene algo que ver con la sensibilización con el cumplimiento de una obligación constitucional: la del respeto al Derecho comunitario".
Gómez-Reino destacó que la legislación europea "no es una imposición tiránica, sino que emana de todos los Estados miembro", y aseveró que supone un "factor esencial para la modernización estructural" de todas las comunidades integradas en la Europa de los 25. "Y esta falta de sensibilización es especialmente grave en Galicia, puesto que, pese a recibir durante 15 años fondos a manos llenas, no fue capaz de abandonar el furgón de cola de las regiones objetivo de convergencia", sentenció.
INTENSIFICAR LA RESPUESTA
Por ello, subrayó que "hay que poner remedio" a esta falta de "concienciación" y asumió que "incumbe" a la Administración trasladar la trascendencia de la primacía de las directivas europeas. En este sentido, dio "instrucciones para intensificar la capacidad de respuesta ante cualquier nueva sanción" de Bruselas y, tras aclarar que "no se trata de ser servil a la UE", declaró: "lo peor en la defensa de nuestros intereses es dar la callada por respuesta".
Así, reiteró que las "consecuencias de no cumplir el Derecho comunitario son muy graves desde el punto de vista político, económico y de la propia credibilidad de Galicia" y añadió que casos como el de la sanción por el saneamiento de la Ría de Vigo son "paradigmáticos". "Pagaremos caro que no se respeten las directivas comunitarias", insistió.
En esta línea, explicó que tanto la ría viguesa como "otras no debidamente protegidas" afectarán a todos los ámbitos de la comunidad: "el día que un inglés o un alemán tenga un grave problema de salud por bañarse en Galicia lo vamos a pagar en sectores fundamentales para la economía, como el turismo". "Incumplir la normativa europea tiene un coste en términos de financiación y de oportunidad política", aseveró.
Además, proclamó que la directiva comunitaria es "totalmente representativa de los intereses de los Estados miembros" y aseguró que, aparte de constituir un "factor de modernización de la economía", cuenta con la "elaboración más democrática de una legislación en todo el mundo". Por ello, incidió en que cumplirla representa "una obligación no sólo por respeto a la UE, sino a los propios ciudadanos" y, en consecuencia, reclamó un "esfuerzo político de todos" para respetarla.
IMPULSAR LA ACCIÓN EXTERIOR
De igual forma, Gómez-Reino asumió el "deber" del Gobierno de "impulsar la promoción exterior" de Galicia y propuso que la reforma del Estatuto "incluya entre sus contenidos el reconocimiento explícito de este hecho". "Debemos ser más ambiciosos", incidió.
Al respecto, recordó que el ex presidente de la Xunta Fernando González Laxe coordina a un grupo de expertos en la elaboración de la 'Estrategia de Acción y Política Exterior' con la que el Gobierno aspira a "redefinir el rol de Galicia en el ámbito internacional".
Con todo, subrayó que su departamento no pretende hacer "tabla rasa", sino adquirir "más contenidos y medios" en todos los ámbitos, como el de la Eurorregión, en el que aspira a consolidar una cooperación "de segunda generación" con el Norte de Portugal.
No obstante, censuró la "inadmisible centralización legal y política" que el Ministerio de Economía pretende aplicar a la gestión de los recursos vinculados a la cooperación transfronteriza que, recordó, "le competen a las comunidades". "Las razones jurídicas, económicas, políticas y de subsidiariedad avalan esta posición", añadió.
El secretario xeral admitió que esta "historia sin cerrar" todavía "preocupa" a su departamento y, por ello, explicó que el próximo miércoles mantendrá una reunión en Madrid con miembros del Gabinete del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, para "reorientar el tema".
DELEGACIONES EN EL EXTERIOR
De igual forma, se refirió a las delegaciones de la Xunta en el exterior que el presidente, Emilio Pérez Touriño, se comprometió a abrir en los países especialmente vinculados a Galicia y confirmó que estas oficinas no ejercerán una "diplomacia paralela al Estado", sino que "complementarán".
Además, aseguró que "pondrán fin a las embajadas que en la práctica trabajaban 'de facto' como intermediarios privados" en el extranjero y consideró "bueno que no se usurpe el nombre de Galicia por personas sin mandato ninguno".
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
De igual forma, advirtió del "grave problema" que la comunidad tiene en materia de cooperación puesto que, aunque prevé incrementar cada año un 50 por ciento los presupuestos hasta 2009, "no basta con tener dinero". Así, advirtió de que cuando la Administración autonómica llegue al 0,4 por ciento "tendrá una muestra palmaria de sus carencias en este terreno".
En este sentido, explicó que la cooperación "necesita trabajo sobre el terreno, no sólo enviar subvenciones", si bien puntualizó que organismos de la Xunta como la Agencia Humanitaria "no tienen un duro". "El día que haya un problema y la sociedad gallega exija a la Xunta que actúe yo tendré que decir que no hay dinero ni capacidad de acción porque no se ha logrado que la agencia disponga de consignación presupuestaria", añadió.
Con todo, incidió en que ha trasladado este "problema grave, político y humanamente", a todo el Gobierno y confió en "tratar de mejorar esta herencia en la medida en que se pueda convencer a las autoridades de que no se hace ayuda humanitaria por tener una agencia, sino que se hace con dinero".
Por su parte, los grupos parlamentarios confiaron en el éxito de las iniciativas que desarrolle la secretaría xeral, si bien el diputado del PPdeG Manuel Ruiz Rivas expresó su "desazón" por unas políticas que consideró "rancias", así como porque Gómez-Reino "se centrase más en las críticas de lo que no se hizo bien antes, que en las líneas estratégicas".
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