Pesca.- La Audiencia Nacional reabre el caso de los piratas para determinar si pertenecían a una red organizada

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sección Cuarta de la Sala de lo Penal ordenó al juez Santiago Pedraz que reabriese la investigación que instruyó contra los dos presuntos piratas somalíes, Cabdullahi Cabdiwily, alias 'Abu Willy' y Raagenggensey Hassan Haji, por el secuestro del atunero 'Alakrana' para determinar, entre otras cosas, si pertenecieron a una banda organizada. En concreto, la Sala pide a Pedraz que vuelva a interrogar a los marineros y que se les practique un examen médico.

El tribunal dictó este martes una resolución judicial en la que revocó el auto de conclusión del sumario dictado por el magistrado el pasado 17 de noviembre, y obligó al juez instructor a que practicara nuevas diligencias que consideró "ineludibles" antes de que se celebre el juicio oral, tal y como pidieron cuatro marineros personados en la causa.

Los magistrados también acordaron que los forenses de la Audiencia Nacional sometiesen a los marineros, que permanecieron 47 días secuestrados frente a los costas de Somalia, a un examen médico en el que se pudiese acreditar los daños psicológicos y físicos que sufrieron a consecuencia del cautiverio.

Además ordenaron al juez instructor que vuelva a tomar declaración a todos los tripulantes españoles que fueron retenidos. Los marineros argumentaron que cuando Pedraz les tomó declaración en Gernika (Vizcaya) y Vigo durante la última semana de noviembre lo hizo en el marco de la causa que mantiene abierta para investigar si el armador pagó el rescate y no en la que se sigue contra los dos somalíes.

LA REVOCACIÓN, TRÁMITE "OBVIO"

En su auto, que apenas tiene dos páginas, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel consideraron que la revocación del auto de conclusión del sumario es un trámite "obvio" a fin de incorporar a la causa "las diligencias solicitada por los perjudicados, así como cualquier otra que se estime de interés para la adecuada investigación de los hechos".

La reapertura de la investigación y la posterior práctica de nuevas pruebas fueron solicitadas por cuatro de los ocho marineros españoles que sufrieron el secuestro: el jefe de máquinas del 'Alakrana', Victor Bilbao, y los marineros Andoni Gotx, Gaizka Iturbe y Francisco Veladez.

CONSIDERACIÓN COMO VÍCTIMAS

La consideración de los piratas como miembros de una banda organizada podría abrir la puerta a que fueran condenados por delitos de terrorismo, lo que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, abriría la puerta para que los secuestrados pudieran percibir una indemnización por su condición de víctimas.

Se juzgará a los dos somalíes por 36 delitos de detención ilegal --uno por cada uno de los tripulantes secuestrados del pesquero secuestrado-- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.

El juez Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía, optó por no imputarles ningún otro delito de terrorismo a pesar de que Baltasar Garzón, que le sustituyó en los primeros días de la instrucción, les atribuyó indiciariamente su pertenencia a un grupo denominado 'Bucard Badeed', cuya traducción literal es 'Los que roban en el mar'.

LA POLICÍA DESCARTA EL RESCATE

En el marco de la instrucción sobre el pago del rescate, encontrándose bajo secreto de sumario, el Cuerpo Nacional de Policía remitió la semana pasada un informe al juez Pedraz e el que descarta que el armador del atunero 'Alakrana', Kepa Etxeberría, abonara dinero a cambio de la liberación de la tripulación.

El citado informe apoyó la declaración realizada por el armador, que negó haber abonado cantidad alguna a los piratas. Según publicaron algunos medios, Etxeberría aseguró ante el magistrado que el peso de la negociación con los piratas recayó sobre un misterioso personaje que dijo llamarse 'Pepe' y que no pudo especificar si podría pertenecer al Centro Nacional de la Inteligencia (CNI).

Durante la declaración, que fue genérica y minuciosa, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 preguntó a Etxeberría si bufetes de abogados de Gran Bretaña y otros países podrían haber intermediado en el pago del rescate, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros. Etxeberría reveló también al magistrado que los piratas causaron a su empresa daños por importe de medio millón de euros.