Pretende prohibir a los buques europeos pescar a más de 1.000 metros de profundidad para proteger los ecosistemas
BRUSELAS, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea adoptó hoy una estrategia para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (la denominada INDNR) tanto en aguas comunitarias como de terceros países que incluye medidas contra los operadores y buques que la lleven a cabo y los países pabellón que las amparen. Se trata de "cerrar" el mercado europeo a los productos pesqueros capturados por estos medios mediante la exigencia de un certificado de legalidad y la creación de "listas negras", tanto de barcos como de países terceros, que podrán desembocar incluso en un embargo comercial por parte de la UE.
El comisario de Pesca, Joe Borg, presentó en rueda de prensa unas propuestas que, según explicó la Comisión en un comunicado, tratan de atajar la INDNR desde el flanco comercial, prohibiendo el desembarco de estos productos en el que es el principal mercado mundial de la pesca, la UE.
Bruselas trata de atacar una actividad que registra un volumen de negocio anual de unos 10.000 millones de euros y que dentro de la UE asciende a "más de 100.000 euros". Para ello, se tratará que esta práctica pierda su principal "atractivo", consistente "el beneficio a corto plazo" que genera a quienes la practican.
Por el contrario, la pesca pirata cuenta entre sus efectos más perversos el agotamiento de las reservas pesqueras, la destrucción de los hábitats marinos, una competencia desleal para los pescadores honrados y el debilitamiento de las comunidades costeras, especialmente en los países en vías de desarrollo.
En primer lugar, Bruselas propone que todos los productos pesqueros -ya sean frescos, congelados o transformados-- que desembarquen en puertos europeos barcos no comunitarios estén acompañados de un certificado emitido por el país de pabellón del buque en el que se garantizará que han sido capturados legalmente.
Borg explicó que serán las autoridades portuarias las encargadas de revisar la certificación a los que podrían seguir "investigaciones más en profundidad" si existen "sospechas" de que la información que avale en ellos el país de pabellón no sea válida. Para estos casos, que según el comisario "serán la excepción, que no la regla", el país tercero deberá contar con "los mecanismos apropiados para averiguar la validez de la información" que se contiene en el certificado.
Por otra parte, se prohibirán los trasbordos en alta mar entre buques de terceros países y comunitarios y solo se podrán llevar a cabo en puertos de la UE.
LISTAS NEGRAS.
Además, se introduce otro elemento de "disuasión" contra la pesca pirata, consistente en la elaboración de "listas negras europeas" tanto de embarcaciones como de países terceros que se dediquen a la pesa ilegal. La UE prohibirá las "relaciones pesqueras" con los incluidos en ellas, "incluido el comercio de productos" entre los países de la UE y los países "que no cooperen".
Además de las medidas contra barcos y países no comunitarios, la Comisión prevé también que los Estados miembros puedan aplicar sanciones contra sus operadores que practiquen la pesca pirata en aguas internacionales o no incluidas en ninguna organización pesquera regional.
Para ello Bruselas busca también que los Estados miembros armonicen sus sanciones máximas. Por último, apuesta por una mayor cooperación entre los países europeos para investigar las actividades de pesca pirata, algo que podría hacerse por medio de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, con sede en Vigo.
El comisario de Pesca consideró que las medidas que se contienen en su propuesta son "duras pero eficientes" en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, por parte de barcos y países terceros y operadores comunitarios.
REDUCCIÓN DE CUOTAS.
Con respecto al incumplimiento de las normas por parte de los Gobiernos europeos, Borg afirmó que ya existen medidas de control y corrección, como es el lanzamientos de procedimientos de infracción -que en última instancia pueden acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE_y también la penalización sobre las futuras cuotas pesqueras de un país que haya superado sus posibilidades de pesca en un año anterior.
En cualquier caso, el comisario afirmó que "el año que vienen presentaremos una propuesta para simplificar los mecanismos de control en las aguas comunitarias y también para hacerlas más eficientes y efectivas donde se han identificado problemas en el respeto de la ley".
El cualquier caso, Borg consideró buenos ejemplos de los mecanismos que hay para refrenar a los Estados miembros de cometer pesca pirata en el cierre de la pesca del bacalao en el Mar Báltico a Polonia o en la penalización que sufrirán Francia e Italia en sus cuotas de atún rojo el año que viene por haber superado las que les correspondían para 2007.
A este respecto, sin embargo, Borg admitió que queda cómo solucionar la situación de países que, sin haber agotado sus posibilidades de pesca, se han visto desfavorecidas por el cierre de la pesquería del atún rojo en el Mediterráneo porque en conjunto se ha superado la cuota anual de la UE. Es el caso, por ejemplo, de España.
PESCA DE ARRASTRE.
Por otra parte, la Comisión presentó otra propuesta para proteger los ecosistemas marinos vulnerables de aguas profundas por medio de la prohibición de artes de arrastre que puedan suponer perjudicadas. Quiere que los buques comunitarios no puedan pescar en profundidades superiores a los 1.000 metros
En el caso de las zonas pesqueras que quedan fuera de organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), Bruselas propone un régimen en el que los pescadores tengan que conseguir una autorización específica para faenar en estos caladeros antes del inicio de la campaña y en base a garantías de que su acción no perjudicará el ecosistema.
La Comisión pretende controlar la pesca en las zonas fueras de las OROP porque dentro de éstas áreas sí existen convenios internacionales para ello. Fuera de ellas, como en el Atlántico central o sudoccidental, espera que antes de obtener una licencia el Estado miembro compruebe que no dañará el entorno y, en caso contrario, pueda ser sancionado.
